El 10 de enero de 1994, poco después del mediodía, doce efectivos de la Brigada de Investigaciones de la localidad bonaerense de Lanús salieron en busca de un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo, en donde, decían, viajaba un grupo de delincuentes. Los agentes, vestidos de civil y a bordo de cinco autos particulares, interceptaron, en primera instancia, al Peugeot y dispararon más de 200 tiros contra sus ocupantes: el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza. Los tres fallecieron en el acto. El Dodge escapó, pero la policía fue en su busca y se encontró con un auto de similares características, en donde viajaban los vendedores de libros Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, ajenos a la disputa. Cicutín recibió siete disparos, mientras que Díaz se salvó de milagro.

El hecho, conocido como la masacre de Wilde (este año la Corte Suprema ordenó reabrir la causa), fue perpetuado por integrantes de la llamada “maldita Policía Bonaerense”, término con el que en la década del 90 se denominó a la institución policial de la provincia más poblada del país por sus apremios ilegales y sus vínculos con el tráfico de drogas, además de por las coimas por la prostitución y el juego clandestino.

De acuerdo con un informe de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), una organización política vinculada al campo de los Derechos Humanos, Buenos Aires encabeza el ranking de casos de gatillo fácil en el periodo que va desde 1983 hasta diciembre de 2014. Contabiliza 1946 crímenes, un 46 por ciento de todos los homicidios cometidos por la institución policial en todo el país (4278).

La provincia de Santa Fe se ubica en el segundo lugar de esta tabla, con 504 asesinatos (11,78 por ciento el total). Sin embargo, en lo que respecta a la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes, Santa Fe (casi 3.400.000) supera con holgura a Buenos Aires (más de 15 millones).

La abstracta estadística cobra aún más fuerza por estos días tras la muerte del trabajador municipal Gerardo Escobar, una investigación que tiene a dos policías y tres patovicas bajo la lupa, y el asesinato de Elías Damián Martínez (18 años), ultimado por la espalda por efectivos policiales el sábado pasado en barrio Rucci, luego de asaltar a unos adolescentes.

Dos de los cinco uniformados que participaron de la persecución quedaron demorados, aunque liberados tras la audiencia imputativa celebrada este fin de semana. Recuperaron la libertad previo pago de fianza y deberán comparecer ante la fiscalía una vez a la semana hasta que se resuelva su situación. Así lo determinó el juez Juan Carlos Curto al entender que no hay peligrosidad procesal ni elementos para incriminar a los policías ya que la víctima recibió un solo disparo.

La lista en lo que va del año

El 10 de junio los portales de la ciudad daban cuenta de una violenta protesta en la puerta de la Unidad Fiscal de Homicidios, ubicada en Montevideo casi esquina Alvear. Según la versión oficial, los manifestantes, quienes solicitaban entrevistarse con el fiscal Miguel Moreno, atentaron contra el inmueble y amenazaron a algunos funcionarios judiciales. Un total de 18 personas fueron detenidas acusadas de coacción agravada, amenaza calificada, daño calificado y privación de la libertad.

Los organizadores de aquella concentración fueron los familiares de Nahuel Delay, Dante Fiori, Carlos Godoy, Mauricio Gómez y Maximiliano Zamudio, todos jóvenes asesinados en supuestos caso de “legítima defensa” entre 2015 y 2014. Según explicaron, se pusieron en contacto para darle fuerza y visibilidad al mismo reclamo: que la Justicia encarcele a los autores de aquellos asesinatos.

El primer caso de gatillo fácil de lo que va del año ocurrió el 4 de enero, en Ayacucho y pasaje Villar. La víctima fue Jonathan Herrera, de 23 años, a quien agentes de la flamante Policía de Acción Táctica (PAT) acribillaron por error cuando lavaba el auto frente a su casa, tras un enfrentamiento por un robo ocurrido en la zona.

Ocho días más tarde, en las inmediaciones de Machain al 1600, de barrio Alberdi, fue asesinado Alexis Oscar Rosales, de 23 años, quien junto a un cómplice había ingresado a una vivienda deshabitada con fines de robo. Al llegar al lugar, la policía abrió fuego y mató a uno de los jóvenes sorprendidos en esa propiedad.

Enero terminó con otro homicidio perpetuado por la fuerza policial, el de Nelson Gastón Fuentes, de 24 años, muerto en Juan José Paso al 6800 tras una persecución que se desencadenó por una entradera en Arroyito.

La lista la completan Jonathan Bertoli (22 años), ultimado de un tiro en la cabeza  en el domicilio de un policía; Dante Fiori (25), acribillado por un vecino policía que dijo que se defendió de un robo; Carlos Godoy (25), muerto de dos tiros por dos uniformados que dijeron que se trató de un enfrentamiento tras intento de robo; y  Maximiliano Zanudio (16), asesinado de un tiro en la cabeza en Patricias Argentinas y Ameghino, a metros de su casa, por un prefecto que dijo que se defendió de un atraco.

La dificultad de encarcelar a los uniformados

La mayoría de los policías involucrados en los casos de gatillo fácil descriptos anteriormente gozan de su libertad. La mecánica suele repetirse: los policías son demorados algunas horas y luego liberados mientras avanza la investigación al avalarse la hipótesis de que actuaron en legítima defensa.   

Hay excepciones. A fines del 2011, el oficial Mario Urquiza, actual jefe de logística de la Policía de Acción Táctica (PAT), fue acusado de asesinar a un joven a quien había encerrado en su patrullero. Recién en mayo de este año, el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola ordenó su captura. El magistrado descartó la primera hipótesis de que la víctima murió en un tiroteo y portaba armas de fuego.

El hecho que se le imputó al jefe policial ocurrió el 2 de diciembre de 2011, cuando vecinos del barrio rosarino Pueblo Esther denunciaron un robo y minutos después arribaron al lugar efectivos de la comisaría 15ta., para el cual Urquiza prestaba servicio en aquel entonces.

"El policía primero lo detiene, lo sube al móvil y lo lleva a su casa, deja la puerta del patrullero abierta y cuando el pibe hace cinco pasos le tira y lo asesina por la espalda", explicó el abogado del joven asesinado.

Otro episodio con similar resolución ocurrió meses atrás en la zona sur de la ciudad, en el que dos jóvenes, un hombre y una mujer resultaron heridos por arma de fuego a manos de un ex policía, quien al ser detenido argumentó que tres ladrones intentaron ingresar a su domicilio con fines de robo y los baleó.

Los vecinos del lugar desmintieron la versión del atacante. Explicaron que las víctimas estaban sentados en la vereda tomando una cerveza y escuchando por radio el partido de Newell´s. El ex efectivo policial, en aparente estado de ebriedad, salió varias veces de su casa para increpar e insultar a los jóvenes.  Finalmente, desenfundó un arma y disparó.

La contundencia de los testimonios provocó que el fiscal Alvaro Campos, a cargo de la investigación, cambiase el rumbo de la causa. Semanas más tarde, decidió imputar al ex policía por "doble abuso de armas", descartando el robo calificado, desacreditando la primera versión policial, y confirmando que en realidad todo se debió a un "conflicto de vieja data entre vecinos".

Ejecución sumaria

El Ministerio Público de la Defensa elaboró un informe estadístico en el que abundan casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.  Según este escrito, 328 detenidos denunciaron haber sido víctimas de algún apremio ilegal durante un período de 13 meses (noviembre 2013/diciembre 2014). De este total, 278 se describió como víctima del personal de la policía provincial, 12 de Gendarmería y 20 del Servicio Penitenciario.

Para Gabriel Ganón, defensor general de la provincia, todas estas cifras dan cuenta de la existencia de "procedimientos de tortura sistemática por parte de la policía contra los jóvenes". "La policía de civil simula robos para asesinar a los pibes", señaló meses atrás en diálogo con Rosarioplus.com.

Ganón sostiene que el término “ejecución sumaria” es el que más se adapta a lo que pasa hoy en la provincia de Santa Fe -porque es la realidad que él conoce- respecto de los reiterados casos de gatillo fácil. “Estamos hablando de casos donde la Policía ejerce la violencia más allá de los límites que la ley establece y ejecuta sumariamente a una persona. La utilización de un procedimiento prohibido para ejecutar a una persona es la ejecución sumaria de la pena de muerte”, sentenció.