El pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a un paro Nacional con movilizaciones en 10 de las 24 provincias. Esta es la primera protesta de magnitud desde que Guillermo Lasso asumió la presidencia. Hoy en el noveno día de paro, hemos visto como la protesta ha ido escalando en gran parte por las mismas acciones del gobierno cuyo rechazo generó que distintos actores que inicialmente no habían explicitado su apoyo se sumen al paro. Pero, sobre todo, como veremos a continuación son las acciones del gobierno las que están haciendo tambalear la institucionalidad democrática.

Claves para entender la protesta y el malestar social

Desde junio de 2021 la CONAIE ha mantenido distintos diálogos con el gobierno y entregado una serie de propuestas que no fueron acogidas, razón por la cual en noviembre de ese año la CONAIE dio por terminado el diálogo.  Desde allí la tensión ha ido escalando hasta el actual llamado al Paro Nacional para el cumplimiento de 10 demandas fundamentales. Entre ellas están: suspender el incremento al precio de los combustibles; una renegociación de las deudas de los clientes del sistema financiero nacional; la regulación de precios de productos del campo; la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería; respetar la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas y regular los precios de productos de primera necesidad para evitar intermediaciones.

Desde el gobierno se afirmó que no existían razones para la protesta, en este sentido más allá de la coincidencia o no de todos los sectores sociales con las demandas planteadas por el movimiento indígena, lo que es innegable es que el país atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos tiempos. Como a todo el mundo la pandemia a magnificado los problemas ya existentes sin embargo las medidas adoptadas para afrontar sus efectos han priorizado salvaguardar los intereses de las grandes empresas y la banca ahondando aún más las brechas de desigualdad. A ello hay que sumar la permanente suba de precios de la canasta básica producto de la inflación: la crisis del sector agropecuario; especialmente de pequeños productores; la falta de medicamento y la crisis del sistema de salud; la reducción del presupuesto a las universidades y el incumplimiento de la promesa de campaña de ingreso irrestricto a las casas de estudio; y por último, la ola de violencia sin precedentes.

Estas, entre otras, pueden ser una de las razones para explicar el incremento de las protestas, la otra razón se relaciona directamente con el accionar del gobierno y las fuerzas represivas en el marco del mismo Paro Nacional.

El gobierno del látigo y la zanahoria, medidas que avivan el paro

El segundo día de paro se produjo la detención del presidente de la CONAIE Leónidas Iza por interrupción de los servicios públicos. Esta detención despertó una ola de repudios por sus múltiples irregularidades y fue repudiada nacional e internacionalmente. Los actores leyeron esta acción como una clara persecución política y el cumplimiento de la amenaza que realizó meses atrás el mismo presidente de la Nación cuando afirmo que “Leónidas Iza terminará con sus huesos en la cárcel”.  Sin embargo, cuando al día siguiente la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri movilizó camiones y volquetas con material pétreo para impedir la entrada de las y los manifestantes nadie le inicio un proceso legal.

Esa misma noche, en la ciudad de Cuenca, la tercera más importante del país, se reportaron varios enfrentamientos entre estudiantes universitarios y miembros de la Policía, quienes violando la autonomía universitaria lanzaron gases lacrimógenos al interior de la institución, tal como había sucedido en 2019 con la Universidad Católica en Quito. Este hecho fue repudiado y provocó que al día siguiente toda la comunidad académica, encabezada por la misma rectora María Augusta Hermida, se sumen al paro y se movilicen de manera pacifica.

En el cuarto día, en un intento de calmar las aguas el gobierno anunció la publicación del Decreto Ejecutivo No.452 y la suscripción el Acuerdo Ministerial No.0069 con los cuales respondía parcialmente a dos de los pedidos de la CONAIE. Con el Decreto, el gobierno se comprometía a intensificar las intervenciones y operativos de control de precios de productos de primera necesidad y a sancionar a quienes incumplan con los pagos justos a los productores bananeros.

El quinto día de paro se vivió una jornada de fuertes enfrentamientos en la provincia de Chimborazo que termino -según la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich)- con 40 heridos, dos de gravedad quienes supuestamente recibieron impactos de perdigones a pesar de que la policía afirmo tener “la disposición expresa de no emplear armas de fuego ni munición letal para el control del orden público”. Por la noche, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró estado de excepción en tres provincias, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Dicho decreto tuvo dos versiones, inicialmente circuló una versión de decreto que incluía una restricción al derecho a la libertad de información, que podía implicar la suspensión de servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet. Se restringe, además, el manejo de información “debidamente clasificada”, reservada o de circulación restringida a través de los medios de comunicación social, redes sociales y contenido comunicacional”. Y se habilitaba el uso progresivo de la fuerza incluyendo la fuerza letal.

Finalmente, desde el gobierno se afirmo que, a pesar de contar con la firma del mandatario, lo que había circulado era un borrador y en la versión final se retiraron estos polémicos artículos.  Además del estado de excepción se decreto el toque de queda en todo el Distrito Metropolitano de Quito desde el 18 de junio entre las 22:00 y las 05:00 horas.

La Asamblea Nacional se convoca para tratar la derogación del decreto[1] sin embargo antes de la sesión del pleno, desde el ejecutivo se derogó y reemplazó el decreto por uno nuevo. Con esta estrategia la Asamblea ya no pudo sesionar y debe volver a presentar una nueva moción y esperar al menos 48horas para tratarla.

La discrecionalidad del gobierno respecto a la aplicabilidad de las normas también incluye al Estado de excepción, ya que, si bien el mismo restringe la libertad de asociación y reunión, desde La Secretaría General de Comunicación del Ejecutivo se convocó a la ciudadanía a participar de una jornada de protestas por la paz, programada para el sábado, 18 de junio, en varios puntos de Quito.

La última acción que pone en tela de juicio el respeto a la institucionalidad democrática, y reaviva las tensiones impulsando a más actores a sumarse al paro, fue el allanamiento y posterior toma de la Casa de las Culturas Ecuatorianas (CCE) en Quito por parte de la policía el domingo 19 de junio quienes allanaron la sede en busca de “material bélico, como explosivos y armas artesanales, que sería utilizados en las manifestaciones de los próximos días. En 2019 esta institución sirvió de base para miles de militantes y organizaciones sociales.

Al no encontrarse nada, amparándose en el decreto de estado de excepción, la policia decidió disponer de esta institución como albergue para los uniformados ante la indignación de artistas, gestores culturales y ciudadanía que se habían convocado a una vigilia en rechazo a la intervención policial.

La CCE, es una institución cultural creada en 1944 que funciona bajo un esquema de autonomía, y que solo había sufrido una intervención como la ocurrida el pasado domingo, durante la dictadura militar en 1963.

Algunos antecedentes que dan cuenta de la relación del gobierno de Guillermo Lasso con la institucionalidad democrática

La protesta y el disenso son parte del juego democrático y un gobierno sólido debe poder canalizarlas por las mismas vías democráticas. Sin embargo, cuando un gobierno se encuentra debilitado en su credibilidad, tiende a sostener sus posturas con represión y con medidas que ponen en jaque la legitimidad democrática.

La caída de la popularidad del presidente Guillermo Lasso a poco mas de un año de haber asumido la presidencia es abrupta, según la encuestadora Perfiles de Opinión, Lasso quien inicio con más del 75 % de aprobación para junio de 2022 solo tiene un 17,14 % de aceptación ciudadana. Esto se debe a diversos factores entre los cuales se encuentran los ya mencionados al inicio del articulo.

Tras un año de gobierno, la única de las promesas de campaña que el gobierno cumplió a cabalidad, fue la campaña de vacunación contra el COVID-19.

La llegada a la presidencia del ex banquero Guillermo Lasso, con un programa de gobierno abiertamente pro-empresarial, representó un quiebre tras dos décadas en las cuales las elites empresariales, si bien tenían cada vez más influencia política, no habían logrado llegar al poder nacional vía elecciones. Es importante señalar que las elites ganan, no porque hayan logrado amplificar el apoyo a su proyecto político, sino, por la fragmentación del resto de las opciones. En todo caso, el binomio Lasso-Borrero llega al poder con gran debilidad en la Asamblea Nacional (parlamento).

Tras de asumir se alejó del Partido Social Cristiano (PSC) que lo apoyó para llegar a la presidencia, y que ideológicamente parecía ser su aliado natural. ¿Significó la ruptura entre el gobierno y el PSC un quiebre político al interior de las élites? No necesariamente.

Por su parte, quienes debían representar una oposición sostenida -Pachakutik, UNES- quedaron entrampados en el juego de alianzas comprometidos en no entorpecer la gobernabilidad, permitiendo así, el avance del programa de gobierno y, al mismo tiempo, minando la credibilidad moral de las fuerzas de oposición. Aún así, la relación entre el ejecutivo y la asamblea nacional estuvo repleta de tensiones, en ese marco las amenazas de muerte cruzadas[1] y las declaraciones del primer mandatario respecto a su intensión de aprovechar el régimen presidencialista y gobernar por decreto si la Asamblea Nacional no da paso a sus proyectos de ley. Expresiones lamentables que ya anunciaban su poca tolerancia al ejercicio deliberativo de la democracia.

En este sentido, en coyunturas de movilización social, como la actual y como la ocurrida en octubre de 2019, se evidencia la relación del gobierno con unas élites, que más allá de sus disputas de poder, logran cohesionarse para mantener sus privilegios. 

Al noveno día de paro nacional, tras dos años de pandemia que ahondaron las desigualdades y con la memoria reciente del levantamiento de octubre de 2019, que representó un aprendizaje tanto para las organizaciones como para las fuerzas represivas, el desenlace de este nuevo episodio de conflictividad social aun esta por verse. Y en este camino, lo que está en juego no son solo las 10 demandas planteadas por la CONAIE, sino, las posibilidades de una resolución del conflicto evitando poner en jaque la institucionalidad democrática, algo que, hasta el momento, con el despliegue de las fuerzas represivas por parte del gobierno no parece estar sucediendo.

(Por Anahi Macaroff, Investigadora Asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos).