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En el amanecer del 2017 se conoció que el Gobierno nacional suspenderá la devolución de IVA que se hacía con las compras hechas con tarjetas de débito, una medida que se instaló en 2001 con el motivo de fomentar el uso de las transacciones bancarizadas. El beneficio consistía en devolver el 4,13% de todas las compras menores a $1.000 hechas con tarjeta. Ese valor fue puesto en el año inicial y no se modificó nunca.

Esta devolución significaba dinero a favor en la cuenta bancaria a fin de mes para todas las personas que compraran con tarjeta de débito. En muchos casos, de familias que compran por ejemplo ropa o comida con tarjeta, significaban varios cientos de pesos o incluso más que se depositaban en la cuenta a final del mes. Por lo tanto, la medida le quita ese dinero de los bolsillos a las familias.

Esa plata, que la ponía el Estado nacional, es plata que se saca del circuito del consumo y profundiza la recesión. Porque si bien para las familias puede no ser un monto muy elevado, a nivel nacional suma un total de 7.500 millones de pesos que van a dejar de gastarse (y que quedan a disposición del Ejecutivo y de las provincias, aunque sin un destino específico). Eso implica menos movimiento comercial e industrial, y también menos recaudación para el Estado, porque no va a cobrar impuestos sobre esas transacciones. En un contexto de poca actividad económica, quitar más plata de circulación implica ahondar más la crisis.

Esta decisión política, que implica afectar directamente a la clase media, es la carta de presentación del nuevo ministro Nicolás Dujovne. Esta medida no estaba en los planes de Prat Gay, ya que estaba previsto en el Presupuesto que fuera distinto, y deja a las claras la nueva impronta del Ministerio de Hacienda: recorte de gastos públicos, menos presencia del Estado y una nueva tanda de endeudamiento externo.

Aunque hay varias formas de contrarrestar el efecto de esa merma de gastos, lo que se ha dejado trascender es que sería con obra pública, tal como rutas o autopistas. Pero la obra pública es algo que lleva bastante tiempo movilizar, no es algo que suceda en tiempo inmediato, por lo que los efectos en la actividad se verían recién en (otra vez) el segundo semestre, siempre que la obra pública no sufra el destino del Plan Belgrano: ser anunciada una y otra vez sin concretarse.

Esta medida, junto con otras anunciadas que incluyen quita de impuestos a sectores como energía y agro, muestran que el programa económico del gobierno tiene un rumbo cada vez más claro y que en él el Estado tiene un rol secundario y que los beneficiados por este proyecto serán cada vez menos.