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En estos días aparecieron dos debates: uno vinculado a la extensión de la edad jubilatoria, otro asociado a la pertinencia de subsidios del Pami a los beneficiarios. El primero, por ahora quedó en el terreno de la polémica. El segundo ya avanzó en una medida concreta respecto de la cobertura de medicamentos, recortando derechos adquiridos a una porción importante de jubilados y pensionados.

Los sistemas jubilatorios nacieron en el capitalismo como sistemas de otorgamiento de pensiones a las viudas de los muertos en guerra. Lo que hoy conocemos en las diferentes experiencias de sistemas de pago de haberes a jubilados y pensionados, ha sido fruto de una larga construcción de derechos desde aquellas señales preliminares hasta nuestros días. Los recursos que fueron considerados naturales en los diferentes sistemas jubilatorios del mundo, están vinculados con la magnitud de las remuneraciones. Para el caso de los trabajadores en relación de dependencia se trata del aporte a cargo del trabajador y de la contribución a cargo del empleador calculado sobre las remuneraciones. En el caso de los trabajadores independientes o propietarios de empresas, se trata de su aporte personal calculado sobre el monto presunto de sus ingresos y en tal caso no hay contribución de ninguna patronal.

La extensión de la expectativa de vida al nacer gracias al avance de la medicina, de las redes de acceso al cuidado del cuerpo y a determinados cambios en la calidad de la alimentación, ha agregado una novedad: las personas que llegan a la edad jubilatoria disfrutan de esta etapa de la vida en un mayor número de años. Y los recursos tradicionales, los que se consideraban naturales para sostener los regímenes jubilatorios ya no alcanzan ni en Argentina ni en ningún país del mundo, excepto aquellos en los cuales la expectativa de vida al nacer está sensiblemente debajo de los niveles promedio alcanzados. No es lo mismo sostener cinco años de haberes previsionales que 20 como es el caso para las mujeres argentinas según los datos de 2014 (ver gráfico).

Las salidas de emergencia que la mayoría de los países generaron desde los años 70 en adelante, se tradujeron en dos tipos de medidas: el primero extendiendo la vida activa en tres o cinco años, la segunda aplicando un conjunto creciente de recursos de origen impositivo para sostener el sistema de pagos de jubilaciones y pensiones. Extender la edad activa es una clara sábana corta, prórroga la presencia de una porción de población percibiendo remuneraciones en contraprestación de su trabajo quitando ritmo a la tasa de ingreso de personas a los regímenes jubilatorios. A su vez tapona el ingreso al mercado laboral de las nuevas generaciones dado que no se liberan empleos a lo largo de la cadena, aumentando la tensión en la tasa de desempleo joven. Hace pervivir salarios más altos debido a los adicionales y antigüedades de los más añosos. El segundo tipo de medidas se fundó en la aceptación de insostenibilidad del sistema reduciendo los ingresos a aquellos vinculados a las remuneraciones percibidas. En consecuencia y de modo regular, la fuente de financiamiento de los sistemas jubilatorios se fue ensanchando con recursos de origen impositivo. Esto también necesitó hacerse, fruto de la producción incesante de desigualdades de ingresos generadas por el sistema mundo en el que vivimos.

La universalización del derecho de acceso a un haber de retiro implementado por el gobierno saliente está en línea con lo avanzado en la materia en un importante número de países llamados desarrollados. El concepto subyacente es el siguiente: toda persona por haber nacido y vivido en el territorio nacional tiene derecho a un haber previsional, independientemente de cuánto tiempo hubiera trabajado, de su nivel de remuneración y de la continuidad o discontinuidad de la prestación. Una cuestión derivada es cuánto debe medir ese haber universal y cuál el contenido de solidaridad del mismo.

Universalización del derecho a un haber previsional y distribución solidaria de la masa destinada a los beneficios previsionales, constituyen dos ejes insoslayables de toda discusión moderna sobre el tema. Volver a plantear la extensión de la edad activa sin haber resuelto -en forma previa- el problema de acceso al mercado de trabajo y sin saldar la discusión sobre los ejes propuestos, es seguir alimentando de parches un sistema que claramente requiere de recursos de origen impositivo en forma creciente.

También es necesario destacar que las desigualdades de ingreso existentes en los haberes previsionales son fruto de las desigualdades provenientes de lo que ocurre en la vida activa y que las diferencias de trato ante situaciones similares tienen origen en la ausencia de armonización de un sistema federal único que iguale hacia arriba.