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Venezuela era un país receptor de inmigrantes hasta hace poco más de una década. Extranjeros de todo el mundo pero principalmente de otros países latinoamericanos, llegaban para trabajar alentados por las oportunidades que se desprendían de la poderosa industria petrolera en auge. Desde los años setenta, se incrementó la migración procedente de la vecina Colombia, sumida en los conflictos de la guerrilla primero y el narcotráfico después. 

El proceso comenzó a revertirse desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, aunque adquirió carácter crítico desde hace cinco años, cuando se inició el gobierno de Nicolás Maduro.

Los motivos por los cuales Venezuela es actualmente una de las principales fuentes de emigración globales son conocidos, aunque no está de más repasarlos. La crisis social y el dramático aumento de la pobreza. La inflación trepó a 2 mil seiscientos por ciento en 2017 y el Fondo Monetario Internacional pronosticó que llegará 13 mil por ciento para 2018. El desabastecimiento de alimentos, productos básicos y medicamentos (la organización Médicos por la Salud calcula en 78 por ciento la escasez en medicamentos en hospitales). La violencia y el ascendente número de muertes producto del aumento de delito. Durante 2017, según el Observatorio Venezolano de Violencia, el país se ubicó como el segundo más peligroso del mundo y registró más de 26 mil muertes violentas (más de cinco mil de ellas a manos de la Policía y otras fuerzas de seguridad). La crisis política signada por la incesante confrontación que no parece ofrecer a los venezolanos más que un callejón sin salida.

Un estudio de una firma de medición de opinión pública denominada Consultores 21, sostiene que el promedio de personas emigradas por familia llega a 1,97. Agrega que el 29 por ciento de las familias tienen un miembro emigrante. Y el dato más desalentador hacia el futuro: el 40 por ciento de los venezolanos quiere irse, particularmente los más jóvenes.

El fenómeno no tiene precedentes en la región. Hubo migraciones importantes y exilios en época de  dictaduras militares, en momentos de crisis económicas o producto de fenómenos como el conflicto armado en Colombia, pero nunca llegaron a cifras como las de Venezuela. 

La cifra de cuatro millones de migrantes venezolanos pone de relieve que se trata lisa y llanamente de una crisis humanitaria, especialmente si se la compara con los desplazados que ha dejado hasta ahora la guerra civil en Siria, calculados en más de cinco millones.

Ante esta situación, toda la región se ve afectada puesto que no es tan sencillo brindar condiciones aptas para recibir a tantas personas con poco tiempo para prepararse y con recursos limitados. 

La frontera con Colombia

Ante la complejidad del problema y la difícil situación económica que vive el país, el gobierno colombiano apeló a la cooperación internacional. La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos aprovechó el tradicional saludo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para expresar que el país necesita y está en plena disposición de recibir ayudas económicas de la comunidad internacional para sobrellevar el fenómeno migratorio procedente del país vecino. Se habla de un rescate financiero por unos 60 mil millones de dólares. Pero mientras tanto, los políticos colombianos y, especialmente los oficialistas, muestran su preocupación por el impacto que el éxodo podría tener en la campaña electoral, dado que se elegirá presidente el 27 de mayo.

En un comienzo, miles de venezolanos buscaban del otro lado de la frontera los alimentos, las medicinas y el trabajo que no encontraban en su tierra, pero luego regresaban. Posteriormente, quienes atravesaban la frontera comenzaron a quedarse o bien a utilizar Colombia como país de paso con destino a otros sitios.

El presidente Santos reafirmó que el gobierno será generoso con los venezolanos pero de forma ordenada, y agregó que ya se pusieron en marcha acciones en materia de seguridad y registro migratorio, así como medidas destinadas a brindar atención a quienes están ingresando a Colombia. Sin embargo, también se dispuso la militarización fronteriza, lo cual hace pensar que la generosidad anunciada por el mandatario tiene límites.

La canciller colombiana hizo un llamado al gobierno de Venezuela para establecer un canal humanitario que permita que sus ciudadanos puedan acceder a medicamentos y alimentos. Pero el gobierno de Nicolás Maduro hace oídos sordos porque permitirlo sería un reconocimiento tácito de las múltiples crisis que atraviesan al país y que su administración -lejos de resolver- empeoró.

Cabe decir además que los problemas no se circunscriben solamente a los 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela.

La frontera con Brasil

El gobierno de Brasil anunció el lunes pasado que duplicará el número de militares en la frontera con Venezuela, como parte de las medidas de alcance nacional para lidiar con la llegada masiva de inmigrantes del país al estado de Roraima. 

El presidente Michel Temer aseguró que Brasil no restringirá recursos para auxiliar a los municipios que se han visto desbordados en los últimos meses por el gran flujo de personas que llegan a Brasil por tierra, huyendo de Venezuela. Los pedidos de refugio en Brasil aumentaron en los últimos dos años y -según estimaciones oficiales- unos 40 mil venezolanos viven en de Boa Vista actualmente, equivalente al 10 por ciento de la población de la ciudad. Acampando en las calles o en casas de refugios, los venezolanos son acogidos por el gobierno local, pero éste no posee infraestructura suficiente para atenderlos a todos y reclama desde hace meses la intervención de la administración federal.

Lo cierto es que desde ahora, las Fuerzas Armadas coordinarán las acciones humanitarias de los distintos organismos federales y locales. 

Uno de los planes del gobierno es trasladar a una parte de los inmigrantes hacia otros Estados, para descongestionar los servicios en Roraima y que los venezolanos puedan acceder a mejores condiciones de vivienda, salud y trabajo.

Situación en Argentina

La inmigración venezolana en Argentina aumentó notoriamente desde 2010. Se trata en su mayoría de jóvenes estudiantes, quienes arriban al país para comenzar o terminar sus estudios universitarios, pero también hay una gran cantidad de emprendedores y de adultos que llegan con títulos universitarios a buscar trabajo en el país. La comunidad venezolana en Argentina está entre las de mayor crecimiento en los últimos años. El Registro Nacional de las Personas indica que hasta diciembre de 2014, había 4.781 venezolanos con residencia permanente en el país y 8.342 con residencia temporaria. Sin embargo, hacia mediados de 2017 ya se estimaba una población de aproximadamente 38.540 ciudadanos venezolanos residiendo en el país. Sólo durante el mes pasado ingresaron a Argentina unos 9.800 venezolanos, cifra que ofrece una perspectiva de cómo el fenómeno se agudiza cada vez con mayor velocidad.

La búsqueda de Argentina como destino está relacionada con la facilidad para lograr la residencia. A partir de lo convenido en el ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur), los venezolanos pueden tramitar su residencia en Argentina en menos de un mes. El acuerdo autoriza al inmigrante a vivir en el país por al menos dos años y le permite trabajar legalmente. Aunque Venezuela fue suspendida el año pasado del bloque regional, estos beneficios migratorios no se vieron afectados. Puede inferirse entonces que en la medida que la situación en Venezuela se agrave, serán cada vez más las personas que elijan Argentina como destino.

El régimen bolivariano se encuentra cada vez más aislado. Muestra de ello fue la declaración de persona no grata a Nicolás Maduro dispuesta la semana pasada por la cancillería peruana, encargada de organizar la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximos.

El problema es que al tornarse cada vez más cerrado y autoritario, el régimen de Maduro puede extender su sobrevida de manera indefinida sobre el sufrimiento de un pueblo que no parece encontrar amparo tampoco en los sectores de oposición cuyos conflictos internos no hacen más que darle oxígeno al oficialismo. En ese contexto, el 22 de abril se llevarán adelante unas -por lo menos sospechosas- elecciones presidenciales en la fustigada Venezuela.