El petróleo mancha a Lula y a Dilma
Los hechos de corrupción en torno a Petrobras amenazan por primera vez de manera directa a la actual presidente y al exmandatario del vecino país
En medio de la crisis económica y política que atraviesa el país, tres hechos acorralaron a Luis Inazio Lula Da Silva y a Dilma Rousseff en los últimos días, los cuales es preciso detallar.
El primero de ellos y quizás el más impactante, fue que la Policía Federal de Brasil registró el viernes el edificio donde vive Lula y se llevó al expresidente a declarar, todo en el marco de la operación Lava Jato que sigue la trama de sobornos en torno a Petrobras. El hijo de Lula, Fábio Luiz da Silva, conocido como Lulinha, también fue objeto de investigación. Lula, quien sabía que esto pasaría, intentó inmunizarse una semana antes afirmando que las investigaciones en su contra son solamente artimañas mediáticas.
El segundo hecho fue que el Supremo Tribunal Federal decidió procesar por corrupción al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo de Dilma y el principal impulsor del juicio político en su contra. La fiscalía acusa a Cunha de haber aceptado 5 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2012, relacionados con la construcción de dos buques de perforación de la empresa Petrobras. Lo cierto es que Cunha piensa que llegó a esta situación por falta de protección de la presidente y no por sus propios desmanejos, y es por esos motivos que se enemistó con Dilma. El diputado amenaza con arrastrar al fango a todo el mundo si debe dejar su cargo para enfrentar el proceso en su contra.
El tercer hecho fue que la revista Istoé publicó una nota en la cual Delcídio Amaral, quien fue senador del Partido de los Trabajadores y exjefe de la bancada oficialista, involucró de manera directa a Lula y a Dilma en el escándalo del petrolão. Amaral estaba detenido desde fines de noviembre del año pasado precisamente por su propia participación en el escándalo desatado en torno a la petrolera estatal. Pero abandonó la prisión para pasar a cumplir arresto domiciliario luego de firmar un acuerdo de delación premiada (figura legal similar a la del “arrepentido”) con la Justicia Federal el pasado 19 de febrero, y en ese contexto habría afirmado ante Istoé que la presidente Rousseff, y su antecesor, Lula da Silva, no solamente tenían conocimiento de la corrupción en Petrobras sino que intentaron interferir en las investigaciones de la operación Lava Jato.
De acuerdo a la nota periodística, Amaral acusó a Dilma de usar su poder para evitar el castigo de corrompidos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado, a los directivos de Petrobras involucrados y a los políticos oficialistas que aceptaron coimas a cambio de contratos con la petrolera. También acusó a Lula de usar su influencia para bloquear las investigaciones judiciales mediante el intento de comprar el silencio de testigos de la trama de corrupción en Petrobras.
La revista Istoé obtuvo copias del acuerdo de delación negociado entre Amaral y la Procuraduría General de la República, aclarando que el documento de unas 400 páginas, aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal, que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el exsenador. El mismo día en que se publicó la nota, el abogado de Amaral sembró dudas sobre lo publicado por Istoé, desconociendo la autenticidad del acuerdo de delación. Pero relativizadas o no las acusaciones, las sospechas sobre Dilma y Lula quedaron instaladas en la opinión pública.
Lava Jato
Petrobras es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de Latinoamérica. Produce dos millones y medio de barriles de petróleo crudo por día y emplea a 87 mil personas. Tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006, tanto Lula como Dilma depositaron en la petrolera “el futuro de Brasil”.
En marzo de 2014 tomó estado público la operación Lava Jato con la detención de 24 personas en varios Estados de Brasil. Sin embargo, la investigación había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo. Tras meses de investigación, el hilo acabó llevándoles de vuelta al Estado de Paraná, donde vivía Alberto Youseff, un experto en blanqueo de dinero, viejo conocido de la Policía Federal y personaje fundamental en el engranaje descubierto. Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía. Sus testimonios y los de otro arrepentido, Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso, que ha salpicado a numerosos políticos brasileños.
Desde entonces, la Fiscalía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8 mil millones de dólares, suponiendo el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de Brasil.
La trama funcionaba del siguiente modo: Petrobras licitaba las grandes obras con empresas constructoras y de ingeniería brasileñas en el marco de la política de “Compre Nacional” implementada por Dilma Rousseff cuando era ministra de Energía, con el objetivo de estimular la creación de empleo. De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente alrededor del 3 por ciento para ser destinado a sobornos para empresarios y políticos y para financiar campañas políticas. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Los corruptos transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas que actuaban como fachada y de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia el exterior, principalmente a China y Suiza. Las compañías simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de enviar o recibir dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.
La trama de financiación irregular de partidos políticos afecta a todo el arco parlamentario, pero especialmente al gobernante Partido de los Trabajadores, a sus aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y al Partido Progresista.
Las sospechas recaen sobre Dilma especialmente porque ella presidió el Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso, entre ellas la más grave, que fue la compra de la refinería de Pasadena, en los Estados Unidos, por un precio 47 veces superior al que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil.
Un futuro sombrío
El escándalo del petrolão y la operación Lava Jato se convirtieron en un agujero negro -tan negro como el petróleo- que amenaza con tragarse a numerosos políticos y empresarios. Pero hay dos o tres reflexiones que merecen ser tenidas en cuenta. La corrupción tiene que combatirse necesariamente y mucho más en las democracias. Sin embargo, no debe olvidarse que es el Poder Judicial el único que puede decidir la culpabilidad o la inocencia de los funcionarios cuestionados. La función de los medios de comunicación es esa, comunicar, no juzgar y -mucho menos- prejuzgar. Dilma Rousseff y Lula Da Silva ya fueron prejuzgados por los medios en otras ocasiones. En octubre de 2014, 72 horas antes de las elecciones presidenciales, la revista Veja, con una línea editorial similar a la de Istoé, publicó un reportaje en el cual acusó a Lula y a Rousseff de ser los encubridores de la corrupción en Petrobras citando unas supuestas declaraciones del inversor Alberto Yousseff. Esas declaraciones nunca pudieron ser confirmadas. La intencionalidad política de los medios de comunicación en tanto grupos de presión, no debe ser soslayada.
La debilidad actual del tandem Lula-Dilma, está más relacionada con la crisis económica que atraviesa Brasil y a las consecuencias sociales que de ella se desprenden, que a las acusaciones sobre presunta corrupción que comienzan a repiquetear sobre sus cabezas. El clima político latinoamericano no los ayuda y cada vez tienen menos aliados ideológicos en la región. Pareciera que, en este contexto, la presidente y el expresidente aparecen -más allá de las responsabilidades que pudieran tener o no en el petrolão- como chivos expiatorios de una sociedad enojada por sus desavenencias económicas actuales. Tambalean. Y hay muchas manos dispuestas a empujarlos para que irremediablemente caigan.