Las casualidades no existen
Casi nadie esperaba el cross a la mandíbula para la sociedad argentina que significó esta semana el fallo de la Corte Suprema de Justicia, avalando el beneficio del 2x1 para criminales de lesa humanidad. Al estupor, sucedió la reacción en las calles que en Rosario se materializó en el masivo acompañamiento a las Madres de Plaza 25 de Mayo en su habitual ronda de los jueves. Pero también le siguió la decisión y el compromiso de abogados defensores de los familiares de las víctimas y de fiscales que actúan en causas que investigan los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
En las primeras 48 horas tras la decisión favorable al beneficio con los votos positivos de Horacio Rosatti, Helena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz; dos represores condenados en causas por terrorismo de Estado solicitaron inmediatamente el nuevo tratamiento para sus penas. Las fiscalías encontraron un atajo –no muy sólido desde lo jurídico, según los especialistas- y lograron declarar momentáneamente inconstitucional el peligroso antecedente que había impuesto la mayoría de la Corte.
Los expertos jurídicos entienden técnicamente los posicionamientos de los ministros de la Corte para avalar el beneficio del 2x1 para conmutar penas a los criminales de lesa humanidad. Pero ninguno salió a respaldar públicamente la decisión. Por el contrario, la mayor parte del arco político argentino condenó el fallo y coincidió con los organismos de Derechos Humanos que implicaba un “grave retroceso” para el país en la construcción de su memoria, su verdad y su justicia. En este profundo debate descubrimos que, al parecer, no está tan taxativamente establecida la diferencia entre los delitos de lesa humanidad y las violaciones corrientes al Código Penal.
Para el grueso de la población, el tema sólo parece poder comprenderse ligado a los delitos comunes. “A mí me preocupan que le den el 2x1 a un violador o a un asesino”, se repetía en las redes sociales sin entender que hay muchos violadores y asesinos entre los que podrían salir beneficiados.
A pesar de los tecnicismos jurídicos que lo avalan, la Corte ¿tenía otro camino para esta temática? Sin lugar a dudas que sí, pero rige un clima de época que sostiene un claro retroceso en la defensa de los Derechos Humanos en la Argentina. Desde el presidente para abajo, un nutrido conjunto de funcionarios muestra su desdén por el pasado y aboga por un “cierre histórico de las heridas” de los ’70. Por eso Darío Lopérfido se animó a decir que “no fueron 30 mil” los desaparecidos, Por eso el ministro de Trabajo Jorge Triacca concurrió a una misa en homenaje a un represor, cuando apenas había asumido en el gabinete de Mauricio Macri. Por eso el diario La Nación se entusiasmó y editorializó aún antes de que el presidente electo asumiera su cargo, a favor de “esos viejos” a los que empezaba “a fallarle la salud” en sus cautiverios.
En ese mismo marco la Conferencia Episcopal, dos días antes de que se conociera el fallo de la Corte impulsó un proceso de “reconciliación nacional” entre los familiares de las víctimas y de los victimarios. Después tuvo que salir a aclarar que en realidad se trató de una mala interpretación de la convocatoria que lanzaba para los argentinos. Es claro que las casualidades no existen.