Más allá de la división de poderes

El fiscal general de Santa Fe. Jorge Baclini debe saber muy bien aquello de que “la venganza es un plato que se come frío”. Esperó en silencio la hora de disparar sus dardos hacia el gobierno provincial, después de que funcionarios provinciales y legisladores del Frente de Todos no le dejaran pasar su reunión y foto con precandidatos de la oposición y sobre todo con el aspirante a una postulación a la presidencia de la Nación como Horacio Rodríguez Larreta. Con los
diputados Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, de Juntos por el Cambio, tenía al menos la excusa del encuentro por la inseguridad en el territorio.

Pero ese argumento no alcanzó para justificar institucionalmente la presencia en su despacho del Jefe de Gobierno porteño que además había avisado a la prensa que su presencia en
Rosario se daba en el marco de su campaña. Por eso la foto con el jefe de la persecución penal en Santa Fe se multiplicó en medios y redes sociales.

"No es que no hay plan. No hay siquiera programas de trabajo. No hay interés político en el trabajo que hacemos desde el Ministerio Público de la Acusación, en lo que hacemos los fiscales", aseguró Baclini en un encuentro que estuvo impulsado incluso por la embajada de Estados Unidos. Fue demasiado para el gobierno de Omar Perotti que dilató la réplica unos cuantos días.

Sin tono beligerante, la ministra de Gobierno de la provincia Celia Arena recordó que el 17 de marzo de este año, se firmó el decreto Nº 408 mediante el cual el gobierno provincial transfirió 200 millones de pesos al Ministerio Público de la Acusación para el Programa de Fortalecimiento de Áreas Investigativas de ese organismo. “En concreto -dice la ministra- se trata de dineros públicos destinados a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las
áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones del MPA”. Para recordarle a Baclini hasta dónde llega concretamente el interés del gobierno por el trabajo de los fiscales.

“No se toman definiciones específicas para cortar los delitos desde las cárceles. Las economías delictivas operan desde las cárceles, mueven mucho dinero para reciclar el delito violento e intentan penetrar el mercado lícito en forma de lavado de activos", insistió Baclini en esa charla en la que estaban además el representante de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Jeremie Swinnen, la defensora provincial Jaquelina Balangione, el decano de la Facultad de Derecho de Rosario Hernán Botta, la directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA - JSCA), Nataly Ponce, y el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta.

Para la ministra Arena las afirmaciones de Baclini están “desajustadas de la realidad, generan ruidos artificiales en el necesario diálogo político, social e institucional. Como también ocurre cuando el mismo fiscal general Baclini participa abierta y públicamente de una evidente actividad de campaña de precandidatos a presidente, gobernador e intendente de Rosario de un espacio político opositor”, le dice sin vueltas en un artículo de opinión que la ministra de Gobierno firmó en el diario El Litoral.

Donde además señala que el drama de la inseguridad “impone a los poderes del Estado un diálogo fructífero, que a su vez exige honestidad intelectual. Y claridad política”. Las sospechas por las influencias políticas en la conducción del MPA continúan y cierto es también que el gobierno provincial no ha tenido al frente del área de justicia más que un funcionario de segunda línea con una gravitación política escasa que le ha permitido al MPA varios tipos de excesos más allá de la lógica división de poderes.