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Los jueces federales que absolvieron en septiembre pasado a los cuatros acusados en la causa conocida como “la narcochacra de Alvear” dieron a conocer los fundamentos de su resolución. En base a los argumentos expuestos por el fiscal federal Adolfo Villate, que en ningún momento presentó una acusación en contra de los imputados, los magistrados adhirieron a la teoría de que el allanamiento que dio origen a las detenciones fue ordenado y realizado en forma irregular. Por esto, también ordenaron que se evalúe el accionar del juez provincial y los policías santafesinos que intervinieron en el caso.

La causa se inició el 4 de abril de 2013, cuando medio centenar de uniformados allanaron una chacra en las afueras de la localidad de Alvear. El objetivo del procedimiento era dar con los electrodomésticos que habían sido robados dos días antes de una sucursal de la empresa Calatayud. Pero de acuerdo con las actas del operativo, lejos de encontrar lo que buscaban, hallaron 13,8 kilos de marihuana repartidos en 14 panes y 4,29 kilos de cocaína fraccionada en bolsitas. Ese día fueron arrestados Miguel Ángel Japo Saboldi (fallecido una semana más tarde en un incendio intencional en la Alcaidía de la Unidad Regional II); Facundo Sandoval; Raúl Alberto Godoy; Gabriela Martinetti y su pareja, Diego Fabián Cuello, presunto líder de una banda de piratas del asfalto que terminó acusado de ser el jefe de un grupo de narcotraficantes que usaba la chacra como depósito.

Sin embargo, el fiscal Villate, después de analizar el expediente de la causa, resolvió no presentar acusación contra los sospechosos y pedir su absolución. También pidió que se analice el desempeño del entonces juez de Instrucción de la 4° Nominación, Juan Carlos Felipe Vienna y de los policías que realizaron el allanamiento. ¿En que se basó para llegar a esta conclusión?

Para empezar, Villate entendió que Vienna no contaba con pruebas suficientes para ordenar el allanamiento. Es que después del robo a Calatayud, el por entonces jefe de la comisaría 5°, José María Brunelli, le dijo al juez provincial  que él y sus colegas de Orden Público tenían el dato de que había una banda de piratas del asfalto comandada por un tal “Cuellito”. A entender de Villate, no había elementos suficientes para ordenar el procedimiento. “No contaba con testimonios, ni filmaciones; ni siquiera con observaciones”, sino sólo con dichos de un informante de calle.

El Tribunal Federal integrado por los jueces Omar Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Cello hicieron lugar a la argumentación de Villate, que durante la última jornada del juicio consideró que la droga secuestrada en la narcochacra había sido plantada por los policías. El procedimiento fue filmado, pero la Justicia provincial tardó en entregar las pruebas. A su vez, en la filmación no quedaba claro el momento en el que se encuentra la droga. Y no solo eso: se observa con claridad como varios de los policías manipulan objetos en el lugar donde luego fueron hallados los estupefacientes.

El fiscal puso en cuestionamiento los motivos del polémico procedimiento, deslizando que tal vez fue ordenado con el fin de esclarecer el homicidio de Martín “Fantasma” Paz, que fue el puntapié inicial de la megacausa de Los Monos, también investigada por Vienna.

Por ello los jueces federales solicitaron que se revisen los procedimientos, para ver si hubo o no un delito en el accionar de las personas nombradas por el fiscal y las defensas.

En los fundamentos del fallo, los jueces explicaron por qué fueron absueltos los acusados del cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización: la droga no era de ellos. El fiscal Villate deslizó la posibilidad de que los verdaderos dueños de los estupefacientes fueran los mismos policías que hicieron el procedimiento.

De todas maneras Cuello, dueño de la chacra y de una casa que también fue allanada - donde encontraron 6,6 gramos de cocaína y 2,3 gramos de marihuana-, quedó imputado de un delito mucho menor: tenencia de estupefacientes para consumo personal.