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El tribunal que investiga la cadena de responsabilidades que propiciaron la catástrofe de calle Salta 2141, en agosto de 2013, rechazó el pedido planteado por la defensa de algunos procesados en cuanto a ser apartado de la causa.

El planteo se remonta a cuando uno de los abogados defensores de los imputados, Victor Corvalán, se enteró de que el tribunal mantuvo una reunión a puertas cerradas con familiares de las víctimas y elevó un pedido de recusación a los miembros, argumentando que “la reunión no podía ser a espaldas de la defensa”.

Pero los jueces cuestionados -Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela- rechazaron el pedido de recusación, y argumentaron que no anticiparon opinión; sólo se limitaron a escuchar lo que los familiares necesitaban expresar.

Ahora la decisión quedó en poder de la Cámara de Apelaciones, para definir si estos jueces seguirán al frente de la causa que hace dos años causó la muerte de 22 personas, y cuantiosos daños materiales por la explosión de un caño de la empresa Litoral Gas en un edificio que se derrumbó por el siniestro. 

Hace dos años, en octubre de 2013, a poco de comenzar el proceso de investigación de la mano de la fiscal Graciela Argüelles, el juez de instrucción Javier Beltramone había sido recusado y apartado de esta causa por exponer argumentos en público y “poner en riesgo su imparcialidad”. Fue también a pedido de la misma defensa de Litoral Gas y de los administradores del consorcio de las torres.

Por otra parte, este martes a las 18 se descubrirá una placa en homenaje a Débora Gianángelo, una de las víctimas de la explosión, que cursaba la carrera de Derecho. Será en el aula 11 de la Facultad de Abogacía de Córdoba y Moreno, en el marco de la Semana de Extensión, en que se analizará el derecho desde el punto de vista de las víctimas.