Los abogados defensores de los acusados en la megaestafa inmobiliaria y lavado de dinero tienen en este momento como prioridad número uno sacar a sus clientes de la prisión preventivamente aplicada por la jueza penal Mónica Lamperti. Esto evidencia el exigente pedido de los detenidos, quienes nada habituados a un calabozo, quieren enfrentar el proceso en libertad. De esta manera, la mayoría de las defensas han coincidido en que sus estrategias a corto plazo se enfocan en evitar el encierro durante la investigación. 

Esta postura la dejó bien en claro el abogado del escribano Eduardo Torres, a quien se acusa de ser facilitador de las maniobras inmobiliarias y la falsificación de documentos. “La estrategia de la defensa es primero que recupere la libertad de algún modo y después evaluaremos el resto. Es un trabajo en etapas. En una primera etapa es resolver esta cuestión. Después analizaremos cómo resolvemos el conflicto en una segunda etapa”, dijo a Rosarioplus.com Marcelo Piercecchi.

Carlos Varela, abogado del contador Marcelo Jaef y de Leandro Pérez, afirmó: “Debemos trabajar sobre la posibilidad de lograr un arresto domiciliario como para atenuar la situación que es absolutamente injusta”. También Jorge Bedouret, quien defiende a Maximiliano De Gaetano considera que "lo más importante en este momento es ponerlo en estado de libertad".

Piercecchi sostiene que “se trata de figuras que puedan estar en libertad para enfrentar el proceso”, y algo similar Varela: “Con las calificaciones que tienen no tendrían que estar presos, y si se caen las figuras (de asociación ilícita), menos”.

Oscar Romera, representante legal del agente bursátil Jorge Oneto, aclaró de movida que éste compró de buena fe el campo de Villa Amelia. Luego sostuvo a este medio que el magistrado no falló con la misma vara: “Corresponde que la jueza tenga en cuenta los mismos parámetros que aplicó con otros implicados. No es consecuente haber liberado a quien le vendió a Oneto el inmueble (Pablo Abdala) y al escribano que intervino en la operación pero que al último comprador (Oneto) le extienda la preventiva”.

La defensa del escribano Juan Bautista Aliau, encabezada por Juan Lewis, apeló la prisión con el objetivo de obtener el arresto domiciliario, dado que el profesional acusa un cuadro de depresión, por cual se estaba sometiendo a un tratamiento psiquiátrico.

En esta misma línea, el abogado del escribano Torres dijo que "es una situación complicada con el escribano detenido, un hombre de 70 años, y que "la salud es una cuestión paralela que deberíamos evaluar". Ya habían obtenido el beneficio domiciliario el escribano Luis Kurtzemann (h), y el gerente de La Capital, Pablo Abdala.

¿Qué dice la ley?

Para fundamentar la medida privativa, el juez debe presumir que existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, es decir que el imputado en libertad puede obstaculizar la producción de pruebas tendientes a la investigación.

Todos coinciden en que la fuga y la peligrosidad procesal no existen. “No hay peligro de fuga por la conocida actividad comercial de Oneto, por su arraigo y solvencia. No hay ninguna medida que Oneto pudiera entorpecer. Deberían dar razones concretas de por qué sigue detenido”, dijo Romera, y luego confirmó que apelará la prisión preventiva que la jueza Lamperti le extendió el pasado viernes hasta el 12 de diciembre.

Bedouret entiende que la magistrada debería haber calificado lo que se le acusa al imputado para saber la pena en expectativa (los años que le corresponderían por el delito), que es un elemento que influye en la peligrosidad procesal. Es decir, la posibilidad de muchos años de prisión en el futuro, haría presumir que si estuviera en libertad intentaría fugarse obstaculizar la justicia. Por eso critica que sólo se basó en jurisprudencia y que además la pena mínima es muy baja: 3 años.

Varela se expresó en la misma línea y consideró que con la preventiva “se está haciendo anticipo de pena y que es absurdo pensar en fuga y en obstrucción".

Los abogados explican que la causa ha tenido una acogida mediática y política y de alguna manera han forzado las medidas. Para Varela “las razones son extra jurídicas, y ha habido presión, porque no tienen sentido las resoluciones dictadas”.