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Concejales denunciaron este jueves un caso de abuso sexual contra una adolescente alojada en uno de los denominados Dispositivos de Alojamiento Transitorio dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, advirtieron que los trabajadores que se hicieron eco de lo sucedido fueron reprendidos y despedidos de manera indirecta. 

La joven de 17 años se encontraba alojada en un DAT ubicado en Virasoro al 1900 junto con su hermano menor y, según consta en la denuncia penal, el hecho de abuso ocurrió el pasado 1 de marzo y tiene como victimario a un hombre que se desempeñaba en el lugar como cocinero. Asimismo, la menor advirtió que el abuso se dio en distintas oportunidades, siempre por la misma persona.

“La joven se lo contó a una psicóloga del lugar y ella lo habló con la coordinadora pero no se hizo nada. No se activó un protocolo de protección a la menor con el correspondiente acompañamiento psicológico ni se separó al supuesto agresor. Se trasladó a la niña y se amonestó a la trabajadora que había visibilizado la situación”, explicó a Rosarioplus.com Marina Magnani, una de las edilas que integra en el Consejo de la Niñez.

Por otra parte, Magnani relató que cuando la menor es separada de su hermano “ella lo toma como un castigo, manifiesta mucho angustia y se arrepiente de haber hablado”, al tiempo que expresa su preocupación por las otras chicas que quedaron alojadas en ese dispositivo, en el mismo lugar que el supuesto autor del abuso.

En tanto, la edila detalló que la denuncia penal se radicó 15 días después del hecho y manifestó que “esto no es menor porque en una situación de abuso sexual se necesita evidencia física”. En este sentido, remarcó la gravedad de su dilación: “La Secretaría, como responsable legal de la joven, tenía la obligación de escucharla y hacer la denuncia de inmediato”.

Por otro lado, representantes gremiales denunciaron que como consecuencia del trato hostil que recibieron los trabajadores que se hicieron eco de lo sucedido, dos de ellos decidieron renunciar mientras que los que quedaron allí desempeñando sus tareas sufrieron “despidos encubiertos” disparados por una brutal reducción de horas laborales.

“En las áreas de Niñez hay una desinversión continua y sostenida en el tiempo, entonces se precariza la atención de los chicos y no hay dispositivos de control por parte del Estado. Se hacen convenios con ONG’s que nadie controla y cuando ocurren estas cosas se las ocultan. El criterio de contratación es precario y no hay ingresos por concurso. No sabemos cómo se trabaja con estas entidades con las cuales mantiene convenios de alojamiento”, concluyó Magnani.