Un sondeo a nivel nacional arrojó que durante el mes de enero el 35,5% de los inquilinos encuestados no pudo pagar el alquiler de la vivienda que habita, o solo pudo hacerlo de manera parcial. El estudio expone la cruda realidad de quienes no poseen casa propia, e incluye otra clase de datos como el maltrato de inmobiliarias y propietarios a sus locatarios, entre 14 y 15 por ciento de los relevados sufrió hostilidades, amenaza de no renovar el contrato y un 9 por ciento fue amenazado de desalojo por esa situación, a pesar de que la ley lo prohíbe en estas circunstancias de pandemia.

Las estadísticas surgen de una encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos sobre 2863 personas que alquilan. El 57, 1% afirmó haberse adherido al Decreto 320. Pero pese al congelamiento dispuesto por el decreto y la regulación del precio por la nueva ley de alquileres, el 63,8% dijo que tuvo aumentos de precio en el alquiler desde el mes de marzo del pasado año.

Por otro lado, el 40,4% no tiene certeza de dónde estará viviendo en los próximos meses.

Por último, el 96,3% sostuvo que no hay control del Estado en el cumplimiento de decreto y la ley de alquileres.

Sebastián Artola, titular de la autogestiva Defensoría del Inquilino de Rosario, sostuvo: “El panorama es crítico, por eso es necesaria una política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”. Y agregó: “Hay que regular y pesificar el mercado inmobiliario, no podemos aceptar más que haya quienes especulen y quieran hacer negocios con la angustia y la desesperación que padecen quienes hoy tienen negado su derecho a la vivienda”.