Con el invierno llegó un fuerte golpe para el bolsillo de los rosarinos. El Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) notó que de un año para otro el precio del gas subió al menos un 150%, algo que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe ya había avisado que ocurriría en 2016.

“Lamentablemente las consecuencias de lo alertado las podemos observar en la actualidad con facturas exorbitantes y con valores del gas en boca de pozo que se encuentran judicialmente controvertidos, situación que se podría evitar dotando a las Defensorías con recursos técnicos e información necesaria para evaluar los costos presentados por las empresas”, remarcó el defensor del pueblo, Raúl Lamberto.

La Defensoría había avisado en la audiencia pública celebrada en septiembre de 2016 que los santafesinos se verían obligados a pagar cinco aumentos juntos en una misma boleta, algo que muchos usuarios ya advirtieron. En ese momento también se instó a que las Defensorías puedan actuar como auditores externos en materia de determinación tarifaria, evaluando las propuestas y documentaciones presentadas por las empresas y poder expedirse fundadamente respecto a cuál sería una tarifa justa y razonable.

Frente a esta situación, Lamberto también enfatizó en la necesidad de que los aumentos sean “accesibles, razonables y proporcionados", y subrayó: “Lamentablemente las consecuencias de lo alertado las podemos observar en la actualidad con facturas exorbitantes que escapan a toda luces a las exigencias de proporcionalidad, racionabilidad y gradualidad requeridas por la Suprema Corte de Justicia y con valores del gas en boca de pozo que se encuentran judicialmente controvertidos en la actualidad, situación que se podría evitar dotando a las Defensorías con recursos técnicos e información necesaria para evaluar los costos presentados por las empresas”.

Seguidilla de aumentos

El primer incremento fue decretado en 2014, pero mediante la presentación de una medida cautelar se consiguió la suspensión. Luego, en junio de 2015, un fallo de la justicia aprobó la aplicación de dicho aumento que se sumó a uno nuevo aplicado también en el mismo año.

El tercer golpe al bolsillo es el monto que se incluye en las boletas como retroactivo de lo que no se cobró mientras estuvo vigente la medida cautelar. Un cuarto aumentó se determinó en 2016 y generó diversas presentaciones que culminaron con el fallo de la corte de agosto de ese mismo años que declaró su nulidad. En virtud de ese fallo se llamó a Audiencia Pública y finalmente se aplicó el aumento en el mes de octubre. El quinto y último aumento, hasta el momento, se aplicó en abril de este año.