El gobernador Miguel Lifschitz anunció este lunes la decisión del Estado provincial de constituirse en querellante de la megacausa penal en la que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga millonarios fraudes inmobiliarios con lavado de activos, y que tiene a once personas detenidas, entre empresarios, escribanos, un agente de bolsa y un contador, entre otros.

“Participaremos de este proceso y se aportarán elementos para que se pueda aclarar lo más rápido posible este causa. Quedamos a disposición para lo que necesiten” dijo y agregó: “En la causa en particular no tenemos ninguna notificación de parte de los fiscales que están actuando con posibles complicidades ni imputaciones en el Registro de la Propiedad”, en alusión a la mención en las escuchas de una supuesta empleada de esa oficina, una tal Liliana, en supuesta connivencia con la organización para legitimar la adulteración de escrituras y otros documentos.

"Más allá de la acción que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación y el desarrollo del proceso que recién está en sus inicios, también le cabe al gobierno de la provincia participar de estos procesos en calidad de querellante”, dijo Lifschitz este mediodía en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en Santa Fe.

El mandatario reveló que instruyó al fiscal del estado, Pablo Saccone, para tomar parte en la causa que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja, ante el tribunal de la jueza Mónica Lamperti.

El argumento del gobernador estriba en que los delitos atribuidos a esta asociación ilícita "afectan el orden público", y que los mismos "vulneraron la fe pública al falsificar documentos públicos, y se afectó el orden financiero por el lavado de activos de origen ilícito", señaló.

Por otra parte, el gobernador dejó en claro que los ex ministros de Justicia Héctor Superti y Juan Lewis “no son dirigentes del Frente, ni del Partido Socialista. Son funcionarios que ocuparon cargos en la gestión anterior y hoy están ejerciendo su profesión de forma particular". Como tales, asumieron la defensa legal del financista Jorge Oneto y del escribano Luis María Kurtzemann, respectivamente, ambos imputados en la causa.