Reparto de la torta: cuarenta años y ninguna a favor
El autor encuentra notables similitudes en el rumbo económico instaurado en 1976 con el último año del gobierno de Cambiemos: redistribución de ingresos hacia el capital y erosión del poder adquisitivo de los salarios
El objetivo inicial de la dictadura 76-83 en materia económica fue doble: producir una redistribución de ingresos del trabajo al capital y reducir los niveles de inflación para restablecer la confianza de los mercados. En materia de comportamiento de precios el fracaso fue contundente aunque también puede decirse que gracias al fracaso, la reducción del poder de compra de los salarios y de la participación del conjunto de ellos en la distribución de los ingresos fue exitosa respecto del primero de los objetivos. Podría decirse que fue el éxito del fracaso, que no hubo intenciones de atenuar la inflación sino de utilizarla para asestar un golpe mortal a los salarios. Cualquier coincidencia con lo ocurrido en el primer año del gobierno de Cambiemos no es fruto del azar, se trata de los mismos intereses y en muchos casos de los mismos actores.
En la Memoria del Banco Central del año 1976 (páginas 75 y 76) se afirmaba que los precios mayoristas habían crecido entre diciembre de 1975 y diciembre de 1976 el 386,3%, los precios minoristas 347,5% y los salarios básicos de convenio 205,2%. La pérdida del poder de compra en el primer año había sido del 44% comparando promedios anuales. El segundo párrafo de la página 77 de la memoria lo dice todo: "Las escalas salariales evidenciaban severas distorsiones, introducidas particularmente a partir de junio de 1975, cuando los salarios surgieron por aplicación de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo".
En otras palabras: les habían hecho creer a los trabajadores, hace más de cuarenta años, que el salario debía compensar adecuadamente las necesidades. Las similitudes del discurso y las prácticas de la dictadura respecto de las experiencias neoliberales de los noventa y la restauración conservadora del 2016, reflejan por un lado el tenor de los intereses permanentes de las minorías, por otro la ausencia en la agenda de los gobiernos democráticos 1983-2015 de reformas que deconstruyesen los pilares sobre los cuales se montaron las transformaciones estructurales operadas hace cuarenta años. Esto enseña que toda iniciativa pública de atenuación de las desigualdades, sólo puede trascender las coyunturas si además se encaran transformaciones sobre las realidades que generan, reproducen y amplifican tales desigualdades. De lo contrario, con un simple cambio de signo de gobierno vuelve todo a foja cero.
En el verano de 1977 la Comisión de Asesoramiento Legislativo - CAL, caricatura degradada de poder legislativo que además funcionaba en la sede del congreso de la nación, aprobaba dos bandos militares que llamaron leyes y cuya cualidad normativa no fue cuestionada por la democracia que supimos conseguir desde 1983 en adelante. En enero de aquel año se publicó la número 21.495 que daba por terminado el régimen de centralización de depósitos instaurado en 1973 y en febrero la número 21.526 que instauraba un nuevo paradigma de sistema financiero y cuya vigencia dependía de la deconstrucción decidida por la primera. El decreto 1272 publicado el 5 de mayo de 1977 decidía restituir la administración de los depósitos a las entidades financieras a partir del 1 de junio de 1977 y en consecuencia se ponía en vigencia la llamada ley 21.526 desde ese mismo día. Hace cuarenta años nacía efectivamente entonces el nuevo régimen financiero que fue pivote central de la política económica a lo largo de la dictadura y que se prorrogó durante los años que llevamos de democracia restaurada. Esa reforma hizo posible la construcción de lo que fue el feroz endeudamiento externo estatal y privado. Vio desaparecer las cajas de crédito que se aglutinaron conformando bancos cooperativos. Además fue una pieza central en el agudo proceso de concentración del capital, conformación y ampliación de grupos económicos locales como SOCMA (sociedades Macri) entre otros. Y tuvo un rol de privilegio en la fuga de capitales exculpada tanto en los noventa como en el blanqueo puesto en marcha en el último trimestre de 2016.
Hoy tanto el Banco Central como el conjunto de entidades que componen el sistema financiero juegan un rol preponderante en la política del gobierno nacional. Nuevamente administran la fuga de capitales, catalizan el proceso de endeudamiento y vuelven a constituir un factor de aceleración de la concentración económica, procesos que además se dan en una trama de funcionamiento mucho más compleja que hace cuarenta años.