La saga Vicentin sumó otro capítulo esta semana luego de que el juez del concurso Fabián Lorenzini concediera a la defaulteada una nueva prórroga para intentar validar su última oferta. Ahora los acreedores advierten por una nueva maniobra que puede concretarse en conjunto con Viterra, una de sus socias estratégicas.

Según denunciaron este jueves, Vicentin pretende venderle a Viterra una parte de la empresa Renova, maniobra que configura un delito ya que ese porcentaje permanece interdictado por la justicia. Es decir, se trata de una porción que no puede vender a partir de una medida de fuerza mayor.

En diálogo con Sí 98.9, el abogado de uno de los grupos acreedores, Gustavo Feldman, explicó: “La propuesta en sí implicaría un delito de acción pública desde el punto de vista fiscal. Pero ahora tenemos el intento de volver a licuar el poco patrimonio con el que podría afrontar las deudas en esto que se está amasando, para que Viterra termine de quedarse con Renova”.

Se trata de la planta aceitera más grande el país con puerto en la localidad de Timbues, donde se procesa el grano para producir aceite. Hoy está posicionada por encima de grandes firmas cerealeras como Cofco y Cargill.

Originalmente el paquete accionario de Renova estaba dividido en tres partes iguales en manos de Vicentin, Molinos y Viterra (ex Glencore). Molinos vendió su parte a Vicentin y Viterra en partes iguales. Pero cuando empieza la debacle de Vicentin, Viterra le compra la parte que le había comprado a molinos. Ahora Viterra quiere quedarse con lo última porción que le queda a Vicentin.

“Ese porcentaje cuya titularidad es de Vicentin está inhibida por la justicia penal a raíz del pedido del fiscal (Miguel) Moreno y de las resoluciones en primera y segunda instancia de la justicia provincial en lo penal con sede en Rosario. Están negociando algo que no se puede vender”, sintetizó Feldman.

Por otra parte, explicó que además de configurar un delito penal, esta transferencia viola la Ley de Defensa de la Competencia. En ese sentido, agregó: “Hicimos hace diez días una presentación ante la Comisión de Defensa a la Competencia, explicando por qué si se concretara la transferencia a Viterra, estaríamos frente a la consolidación de una posición dominante”.

De concretarse esto último, se consolidaría aún más el esquema de concentración que prevalece en el mercado alimenticio y que por estos días generó polémica.

“Si se concreta esa transferencia los directivos de Viterra van a tener que afrontar una causa penal, que va a tener como víctima a los acreedores, y va a involucrar a buena parte de la población argentina”, concluyó Feldman.

El intento por llevar adelante esta maniobra, generó también la reacción de los miembros de la Comisión de Seguimiento de Vicentin en la Cámara de Diputados santafesina, quienes en primer lugar manifestaron su preocupación por la prórroga que otorgó el juez del concurso Fabián Lorenzini para que la agroexportadora logre validar la última oferta presentada a sus acreedores.

Los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno provincial y nacional intervengan en el proceso para evitar “la extranjerización” de la empresa, y manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las acciones de Renova sean vendidas a Viterra.

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