Cuando todavía no se cumple un año de la declaración de “stress financiero” por parte de la agroexportadora santafesina organismos estatales investigan una denuncia por evasión impositiva y fraude al Estado que la empresa habría realizado por lo menos desde 2014 a 2019.

La maniobra, que constaría en falsificar las exportaciones de aceite de soja para hacerlas pasar por un producto de menos valor y con menores impuestos, le habría costado al Estado más de 120 millones de dólares.

En concreto las investigaciones se centran en la posibilidad de que Vicentin haya declarado exportaciones de oleína de soja (posición arancelaria 3823.19.00) cuando en realidad exportaba aceite de soja (posición arancelaria 1507.10.00).

Las oleínas son un subproducto de la industria del aceite, un líquido oleoso proveniente del corte ácido de las borras (restos) de refinación de aceite. Está compuesto principalmente por ácidos grasos libres y aceite de soja. Se utiliza en la industria animal como aporte de energía en la formulación de alimentos balanceados, y permite el corte de aceite al mezclarse con aceite crudo.

La maniobra

La operación tendría así varios beneficios para la empresa y perjuicios para el Estado. Por un lado con este “cambiazo” la empresa habría pagado menos retenciones y evadido una parte de los impuestos a las ganancias (por el menor valor del producto con respecto al aceite) lo que generaría un menor ingreso de divisas al país en momentos que la moneda norteamericana era necesaria.

De cotejar con la información oficial brindada por la Organización Mundial de Comercio surge en principio que la única empresa argentina que exporta oleína es Vicentin. Con lo cual no habría otras empresas involucradas.

¿Cuánto puede haber perdido el Estado de comprobarse la estafa?

Si bien la operación se estima se realizó desde el año 2014 según art. 934 del Código Aduanero lo anterior al 2016 estaría prescripto. Si se toman las declaraciones de ventas al exterior de la empresa para la oleína de soja podemos encontrar que en 2016 se declararon 134.532 toneladas, en 2017 182.452 toneladas, en 2018 140.823 toneladas  y en 2019 100.490 toneladas lo que da un total de 558.297 toneladas.

Para calcular el daño producido por la maniobra hay que tener en cuenta la evolución del precio internacional del producto y el cambio producido en los años analizados en el régimen de retenciones a la exportación.

En 2016 con la cotización de la oleína en 409 dólares la tonelada (promedio anual) y sin retenciones para ese producto se pagaron impuestos a las ganancias por U$s 19.276.891, en 2017 con el mismo precio y también sin retenciones U$s 26.149.212.

Ya en 2018 aumentó el precio internacional de la oleína a 495 dólares la tonelada y aumentaron las retenciones a 2,7%. Allí la empresa habría pagado U$s1.882.136 de retenciones y U$s23.739.309 de impuestos a las ganancias.

En 2019, último año del macrismo, y según se investiga, también de esta maniobra de evasión, la oleína se pagaba 423 U$s/tn y tenía un 6% de retenciones. Allí Vicentin pago U$s2.719.977 de retenciones y U$s13.922.884 de impuestos a las ganancias.

En total en ese período la empresa exportó 558.297 toneladas, por un valor de U$s241.997.245 (433 U$s/tn promedio) y pagó U$s4.602.113 de retenciones y U$s83.088.296.

Pero si esas ventas hubiesen sido declaradas como aceite de soja, que es lo que se sospecha que realmente se exportó, con un valor promedio de 705 U$s/tn (que en 2017 llegó a picos de 745 U$s/tn) la empresa recibió U$s 339.502.786. Y el Estado podría haber cobrado U$s109.172.056 en concepto de retenciones y U$s99.515.756 de ganancias.

Pasando el limpio el Estado perdió en concepto de retenciones, entre los años 2016 y 2019, U$s104.569.943 y U$s16.427.460 en concepto de impuestos a las ganancias.

El daño a las arcas del Estado se estima así en u$s 120.997.402, que no ingresaron  en años en que incluso la falta de dólares obligó al macrismo a reponer algunas medidas impositivas que había eliminado a pedido del lobby agroexportador.