Alerta permanente: trabajadores marítimos advierten que el Gobierno pone en peligro al sector pesquero
Desde los gremios encendieron las alarmas por una resolución de la Secretaría de Bioeconomía de derogar 12 normas, eliminando cuatro entes claves para la administración del sector pesquero.
Los trabajadores marítimos se declararon en alerta permanente a raíz de diversas resoluciones del Gobierno nacional que ponen en peligro la actividad del sector pesquero.
Puntualmente, una resolución (la 76/2024) de la Secretaría de Bioeconomía, dirigida por Luis Caputo, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera, y se dieron de baja 12 normas cuya derogación atenta contra la sostenibilidad de las especies.
Una de las principales preocupaciones es por la eliminación de la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE, cuatro entes clave para la administración del sector pesquero.
Desde el Gobierno, se justifican amparándose en el DNU 70/2023, asegurando que es para “simplificar” y “hacer más razonables los procesos”, catalogando de “obsoleto el trabajo de informar y controlar la trazabilidad de la producción”, con la idea de “eliminar trabas e impedimentos para agilizar los trámites”.
Sin embargo, desde el sector advierten que esta resolución preocupante “atenta contra los avances cuantitativos y cualitativos logrados en el último período”, que significaron importantes “mejoras en la gestión de pesquerías, en la agilización de procedimientos administrativos y en la transparencia de la cadena de valor pesquera del país”.
De esta manera, los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural, con las fuentes laborales y las empresas que de ello derivan.
El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, aseguró que “no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo”, y que “no tiene lógica".
“Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales”, continuó el capitán.
Junto con la desregulación, además, el Gobierno también intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.
Al respecto, Moreno apuntó que “es una intervención encubierta, porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar”.
“Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones”, agregó, para luego advertir: “En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar”.
Ante esta situación, los trabajadores del sector pesquero argentino se declararon en “alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
Dentro del proyecto original de la Ley Bases, se encontraba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.
Entonces, por todo lo expuesto, solicitan al Consejo Federal Pesquero “que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años”, lo que “generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.