Prestadores sanatoriales nucleados en Salud Federal y la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario y su zona (ASCLI Salud) emitieron un fuerte comunicado denunciando el fuerte desfinanciamiento que sufre el sector médico asistencial privado, asegurando que “se retrotrae a los tiempos de la pandemia de Covid-19”.

Junto a ello, se suma también la desenfrenada inflación, el aumento en medicamentos, material descartable e insumos y la no recomposición salarial, un combo fatal que termina por afectar directamente en un fuerte descontento de los médicos, perjudicando también a financiadores y prestadores. No obstante, defendieron el DNU 70/23 y que las prepagas puedan fijar sus valores sin restricciones.

A través de un comunicado, desde ASCLI Salud dieron cuenta de “las estrecheces del Pami, obras sociales de todo tipo, obras sociales provinciales y empresas de medicina prepaga” y “su directa incidencia a la hora de fijar aranceles con nuestro sector, que se sintetiza con la célebre frase ‘no hay plata’”.

“Esa insuficiencia de financiamiento para la salud cabalga, con gastos de funcionamiento que han llevado al Estado Nacional a reconocer que existe un Índice de Salud superior a los parámetros de medición de costos del INDEC”, denunciaron.

Y es que a la inflación desatada en estos últimos meses, se le agrega “la desmesura de los incrementos de medicamentos, material descartable, insumos importados y la imperiosa demanda de indexación de los salarios del personal de sanidad”. Todo esto “no va a la zaga el descontento del capital humano médico, que ha convertido la vida sanatorial en un estado de reclamo continuo, que en la mayoría de los casos lucen objetivamente justos”.

De igual manera, también advirtieron que una caída del DNU 70/23 afectaría aún más el panorama actual: “En este escenario, los prestadores no admiten la reducción del financiamiento de las Empresas de Medicina Prepaga, como se pretende a través de acciones judiciales o modificaciones legislativas que desnaturalicen la desregulación del sistema de determinación del valor de las cuotas a los afiliados, dispuesto en el DNU 70/23, lo que no obsta a considerar casos puntuales. Una eventual caída de la norma y consiguiente disminución del financiamento agravará la situación en extremo delicada y obstará la atención de los salarios de sanidad y los honorarios de médicos y demás profesionales de la salud”.

Ante ello, insistieron en que “la defección del sector privado de salud (financiadores y prestadores) carece de alternativa sustitutiva para millones de habitantes hoy con cobertura, porque es inconcebible la remisión al hospital público, ya saturado con personas sin coberturas”.

En esa línea, aseguraron también que en favor del “sinceramiento de precios” las medidas adoptadas de libre determinación del valor de cuotas por parte de las Prepagas “no debe modificarse y debe aguardarse la adecuación de precios por la competencia y el descenso de la inflación que se observa, en un contexto de valorización esperado, del poder adquisitivo de la población”.

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