La concejala Julia Irigoitia, del bloque Justicialista, presentó este lunes, en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, un proyecto para habilitar plataformas electrónicas para intermediar entre unidades de transporte privado y usuarios para prestar servicios de traslado de personas.

Al comienzo de la reunión, la edila expuso la necesidad de “avanzar en legislaciones que regulen la prestación del servicio de intermediación por plataformas entre unidades de transporte privado y usuarios resulta necesario para contribuir al ordenamiento de la movilidad urbana de Rosario; que, en el contexto económico actual, la utilización de plataformas de intermediación para brindar un servicio de traslado constituye una alternativa de generación de ingresos para personas que disponen de unidades de transporte”.

Entre otras cuestiones la edila planteo la necesidad de conectar a los usuarios con los choferes asociados a un vehículo, utilizar plataformas que deban registrarse y radicarse en la ciudad, con domicilio fiscal, pagar el DREI correspondiente, licencia profesional para los choferes, como sucede con los conductores de taxis.

“De alguna manera estamos protegiendo al usuario, sabemos que hay un montón de rosarinos que están solicitando su traslado por estas plataformas y es nuestra responsabilidad brindarles un marco de seguridad a las personas que se trasladan”, indicó Irigoitia.

Cabe mencionar que su propuesta habilita a prestar el servicio a automóviles, utilitarios, camionetas y/o motovehículos.

Otro punto del proyecto es la aplicación de una alícuota del 9% a la plataforma que se utilice, para que se generen fondos para la mejora de taxis y remises, requisito que implicaría la modificación de la ordenanza general impositiva.

“Queremos que comience un período de intercambio de ideas y búsqueda de consensos, poner arriba de la mesa un problema de solución de larga data”, añadió Irigoitia.

Por su parte, Carlos Cardozo, del PRO, ya presentó un expediente que tiene “puntos de contacto” con el de Irigoitia; y recordó la iniciativa de la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, lo que obligaría en primera instancia a reordenar las carátulas para unificar el recorrido legislativo de las iniciativas.

Quien fue categórico con su posición negativa fue el concejal Mariano Romero, del bloque Justicia Social. “Estoy tajantemente en contra de esto. No hay punto medio”. Recordó luego que los proyectos como los de Cardozo y Schmuck “estaban durmiendo”, es decir, no avanzaron en el tratamiento, porque no estaban dados los consensos para su aprobación.

Alicia Pino de la bancada Socialista defendió el servicio público de transporte y dijo: “Vos estás proponiendo que el servicio se organice en forma distinta. Es un concepto nuevo, la ordenanza que se reglamentó apunta a defender el servicio público de taxis. Esto es un universo nuevo, en este momento controvertido. No sé si –incluso- no atenta contra el servicio público de transporte”.

Irigoitia recogió el guante, manifestó entender la preocupación, y aseguró que “es más profundo el debate”.

En tanto, recordó Julián Ferrero, de Ciudad Futura, que las experiencias no son positivas desde los resultados y las consecuencias que trajo aparejado en otros municipios. “Se legaliza la actividad animando a aquellos que no se animaban. No sé cuál sería el ánimo de la empresa de inscribirse, cuando las empresas buscan sostenerse en la clandestinidad. Ese es el corazón del plan de negocios”, apuntó.

Coincidieron los opositores a la iniciativa en dar cuenta que cuando se legaliza este modelo de transporte, y suceden eventuales conflictos entre pasajeros y choferes, el Estado pierde competencia porque es un acuerdo de privados.