A pesar de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta mañana el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), finalmente el mismo no sería tal, sino un simple traspaso de dependencias o lavado de cara.

En efecto, el INADI, con gran parte de su personal actual, seguirá funcionando bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, según informó en un comunicado la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona.

"El personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio, donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad", describió el ministerio, asegurando que es prioridad del mismo "cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo".

De igual manera, también informaron que la reducción de personal fue de 430 a 355, y que también se bajaron los sueldos y se pidió la renuncia de todos los delegados.

X de Ministerio de Justicia

“Respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación, ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación, y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas. Las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea”, explicaron desde la cartera.

Además, también dieron a conocer que había "7.000 expedientes sin trámite ni resolución", de los que "en los últimos dos meses se resolvieron 2.000", y que se redujo "la cantidad de alquileres inútiles, concebidos con fines políticos".

Por la mañana, Adorni había asegurado que habían empezado con "el cierre definitivo" del INADI, por pedido expreso del presidente Javier Milei.

Sin embargo, al ser un organismo creado por ley (en 1995), el Gobierno nacional no puede decidir unilateralmente cerrarlo, sino que es una decisión que tiene que ser sancionada como ley y, por ende, pasar por el Congreso.

Es por esto que, ante dicha imposibilidad, se decidió su pase bajo el ala del Ministerio de Justicia. Un día antes, el Gobierno anunció la prórroga por 180 días de la intervención del organismo, con María Quiroga como interventora.