La investigación de la red local que se dedicaba a lavar activos a partir de la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles es tan compleja como particular. El subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, dio detalles del origen del modus operandi y de las maniobras que despojaban de la noche a la mañana a propietarios de sus casas. Ahora se debe determinar hacia dónde fue el dinero blanqueado.

El esquema delictivo se dividía, en rasgos generales, en dos partes: el primer eslabón delictivo refería a los diferentes mecanismos fraudulentos para apropiarse de propiedades y bienes inmuebles con la ayuda de escribanos, inmobiliarias y abogados; la segunda etapa del delito se producía al entrar en escena un grupo de personas de poder económico y alto status en la ciudad que disponían de esos bienes para blanquearlos e ingresarlos a la economía formal con una típica maniobra que refiere al lavado de activos.

Según explica Galfrascoli, generalmente en las causas de este tipo, primero se detecta el lavado de activos ya que surge simplemente de la inconsistencia patrimonial de una persona ("¿Cómo hizo para tener tanto con la actividad que realiza?", es el interrogante fundacional), y luego la investigación deriva en la búsqueda del origen que dio lugar al escenario para lavar, es decir, el delito precedente. En esta oportunidad se dio de manera inversa porque lo que primero surgió fueron denuncias de particulares que contaban cómo habían sido desapoderados de sus inmuebles.

“En esta causa es al revés: tenemos claramente configurado el delito precedente, es decir, la defraudación de propiedades, estafas, falsificaciones y amenazas, y ahora tenemos que ver qué hicieron con el dinero blanqueado. Debemos descubrir qué se hacía después con ese piso de 40 millones, ese enriquecimiento que generó un lavado de activos y se volcó al circuito legal”, explicó en Sí 98.9.

¿Cómo avanzaban sobre una propiedad?

La causa se inició a partir de indicios muy particulares que luego se fueron encadenando para avanzar sobre el delito de lavado de activos. “Una persona se encontraba de un día para el otro en su propiedad con un cartel de remate, de venta, el número de teléfono de una inmobiliaria, o hasta actividades en su inmueble”, graficó Galfrascoli.

Primero se detectaba una situación de vulnerabilidad de las propiedades: apuntaban a terrenos o departamentos que denotaban la ausencia de ocupación, o la posible lejanía de los titulares registrables.

Según trascendió, una de las causas que dio origen fue la venta fraudulenta de un campo de 120 hectáreas que pertenecía un funcionario de alto rango judicial, el cual fue vendido hasta tres veces.

Este primer paso de detección y fraude de propiedades se articulaba con una red de información muy grande que traficaba datos entre escribanos, abogados, inmobiliarias, y también había gente que se convocaba por interés económico para participar. Luego ingresaban a escena los “peces gordos”, los cuales aparentemente tenían vínculos entre sí, con estudios de abogados e inmobiliarias.

¿Ningún propietario se dio cuenta de las estafas?

“Si había reacción de las víctimas o conocimiento en defensa de su derecho, empezaba la parte violenta, como forma de amedrentar. Es decir, una vez que eran descubiertos, buscaban el temor de las víctimas a partir de amenazas. Ahora creemos que surgirán testimonios de personas que antes no se animaron a hablar”, reveló el funcionario.

Este viernes, el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, formalizará los cargos contra los diez detenidos en la audiencia imputativa que se celebrará ante la jueza penal Mónica Lamperti.