La causa por delitos de lesa humanidad conocida popularmente con el “Villazo” tramita en la justicia federal de Rosario desde hace más de 10 años. El expediente investiga la represión y muerte de militantes y trabajadores de la ciudad de Villa Constitución ocurrida en marzo de 1975, durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. El juicio cuenta con la participación de más de 400 testigos, 67 víctimas y 25 imputados, entre ellos dos civiles y miembros de distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.  

Empresas como Acindar, Marathon y Metcon, junto con la burocracia sindical de la UOM Nacional, fueron colaboradores activos en estos crímenes. El operativo represivo llevó  el nombre de "Serpiente Roja del Paraná", donde fuerzas estatales y paraestatales tomaron la ciudad de Villa Constitución, causando el terror con las armas del Estado y estableciendo un centro clandestino de detención en las disposiciones de la fábrica Acindar, donde cientos de presos políticos fueron torturados y asesinados.

La historia todavía está impune y los familiares agrupados bajo la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) le exigen a los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Moisés Vázquez, German Sutter Schneider y Omar Paulucci que fije fecha de inmediato para el comienzo juicio oral.

Además, se está tratando que el tribunal ordene el traslado del debate a Villa Constitución, entendiendo que es donde sucedieron los crímenes, además es donde residen las víctimas, muchas de ellas de avanzada edad. La defensa de los genocidas, por el contrario, solicitó que la causa tramite en los tribunales federales de Rosario, considerando que en la localidad vecina no están dadas las condiciones de seguridad para los imputados y que temen por represalias.

En conjunto con el espacio Memoria, Verdad y Justicia, los familiares y sobrevivientes llevan adelante desde hace tiempo una serie de asambleas populares abiertas en la ciudad de Villa Constitución, donde nuclean diversas organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles. Ante la dilatación del juicio oral, este viernes convocan a concentrarse frente a la puerta de los Tribunales Federales de Oroño 940 a partir de las 10 de la mañana. Estarán presentes concejales de Villa Constitución expresando su compromiso y predisposición para que el juicio se realice en dicha localidad, donde ya se ofreció el recinto del Concejo y la sede de la UOM Villa Constitución. La oferta, sin embargo, no conformó a la defensa.

Federico Pagliero, miembro del equipo jurídico de APDH, dijo a Rosarioplus.com que para llegar a esta elevación se pasó por todos los filtros de la instrucción, después se confirmó el juicio por la Cámara de Apelación de Rosario y la Cámara de Casación Penal y marzo de 2022 se conformó el tribunal que llevará adelante el juicio. En esta primera elevación oral hay 67 víctimas, de las cuales 10 son homicidios. Nada indica que el debate inicie en corto plazo.

“Diciembre del año pasado era le fecha que teníamos como pronóstico para que comience el juicio, incluso el propio tribunal lo había adelantado. Ahora nos dicen que todavía no están en condiciones de fijar la fecha, cuando sí pueden hacerlo. Nos dicen que recién puede fijar fecha a partir de julio de este año, pero no que comience el juicio”, reclamó el abogado.

Por esta situación, la Cámara de Casación Penal exhortó al tribunal para que comience el juicio. También le redujo la prisión preventiva (3 años) a parte de los imputados, entendiendo que esta condición no se puede sostener infinitamente. En marzo de este año, sucedió algo similar con tres imputados a quienes el tribunal les extendió un año más la preventiva, luego la Cámara redujo esa pena a seis meses.