Ciudad de Guatemala. Un funcionario de un organismo investigador de la ONU fue finalmente autorizado a ingresar en Guatemala tras pasar más de 24 horas retenido en el aeropuerto de la capital, en una decisión que causó numerosas reacciones de protesta dentro y fuera del país, una denuncia penal contra dos ministros del gabinete del presidente Jimmy Morales y la detención de dos agentes de la autoridad migratoria.

El colombiano Yilen Osorio Zuluaga, miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo investigador adscripto a la ONU, fue detenido este domingo en el aeropuerto internacional La Aurora por efectivos del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando desembarcaba de un vuelo procedente de Costa Rica.

Los efectivos intentaron deportarlo de inmediato en un vuelo con destino a El Salvador, pero ello fue impedido por un recurso judicial presentado por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, según explicó éste a la prensa local.

Tras más de 24 horas retenido, una resolución de la Corte de Constitucionalidad permitió que Osorio fuera autorizado a ingresar en Guatemala, confirmó el vocero de la Cicig, Matías Ponce, según reportó la agencia de noticias EFE. Mientras duró el incidente, el aeropuerto estuvo rodeado por un numeroso cerco policial y resultaron afectados más de un millar de pasajeros de distintas líneas, cuyos vuelos fueron suspendidos o demorados, reportó el diario guatemalteco Prensa Libre.

En medio de una pulseada política que tiene en vilo al país desde hace meses, el gobierno de Morales -acusado por la propia Cicig de corrupción electoral- decidió no renovar las visas de 11 investigadores de ese organismo, entre ellos Osorio, quienes abandonaron el país en diciembre pasado, justo antes del plazo máximo.

Tras su salida, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los investigadores internacionales y ordenó que pudieran retornar al país. Hasta anoche, ninguna de las instituciones involucradas -la cancillería, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Presidencia- había reaccionado a la detención de Osorio o a las denuncias de la Procuración y la propia Cicig. En cambio, sí lo hizo el Ministerio Público, que exigió al gobierno "que se cumpla lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad" y hoy envió fiscales al aeropuerto y ordenó a la PNC la detención de quienes no acataran los fallos que protegen a los miembros del organismo de la ONU.

Por ese motivo fueron detenidos Irma Suntecún y Miguel Cantoral, funcionarios del Instituto de Migración.
En tanto, la Cicig reclamó a la Corte de Constitucionalidad que se ejecutara la resolución que permite el ingreso de sus 11 investigadores al país y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno a "respetar y acatar las decisiones judiciales" porque ello "es la base del estado de derecho".

La detención de Osorio fue criticada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que llamó a través de Twitter a "condenar de manera categórica estas decisiones ilegales y antidemocráticas del gobierno", y por decenas de representantes de organizaciones sociales que, en conferencia de prensa, repudiaron el "duro golpe a la institucionalidad". Asimismo, la ONG Acción Ciudadana denunció penalmente al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y a la canciller, Sandra Jovel, por "desobediencia a una resolución judicial y violación de inmunidades", y al procurador general de la Nación, Jorge Donado, por "usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y desobediencia".

La Cicig fue instalada en 2007 para investigar casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, pero luego se dedicó a indagar casos de corrupción. En 2015 fue clave en la victoria electoral de Morales, luego de que sus investigaciones llevaran al anterior mandatario, Otto Pérez Molina, a renunciar y luego a la cárcel. Pero más tarde la Cicig señaló a Morales como sospechoso de corrupción, y el mandatario le declaró la guerra.