La medida recientemente aprobada en Hungría para prohibir cualquier referencia a la homosexualidad en las escuelas ha provocado la indignación de un nutrido grupo de socios de la Unión Europea (UE).  

Luego de hacerlo contra los inmigrantes, el gobierno de Víktor Orbán avanza ahora contra la comunidad LGBTIQ+ mediante una ley que prohíbe los contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en los colegios y en los programas de televisión dirigidos a menores. Concretamente, se prohíbe “la descripción y promoción de una identidad de género distinta al sexo asignado en el nacimiento, el cambio de género y la homosexualidad”. La norma fue sancionada en el Parlamento con el cómodo apoyo del partido de Orbán, Fidesz, y los votos de la agrupación ultranacionalista Jobbik, y supone un indudable desafío a los valores de la UE en materia de Estado de derecho y respeto a los derechos fundamentales. Cabe recordar que en marzo el Parlamento Europeo había declarado oficialmente a la UE como “zona de libertad” para las personas LGBTIQ+.

La nueva ley -que parece inspirada en la que aprobó Rusia en 2013 contra la “propaganda gay”-abona un caldo de cultivo de creciente hostilidad contra personas homosexuales, bisexuales y transgénero. Hungría es uno de los países con mayor índice de LGTBIfobia en la UE, y es posible  pensar que Orbán, al igual que Putin en Rusia, intenta capitalizar a ese electorado exacerbando los prejuicios en lugar de combatirlos.

La indignación 

Los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) impulsaron inmediatamente una declaración en contra de la norma húngara, un movimiento coordinado contra un socio del que no se recuerdan precedentes desde la ampliación de la UE en 2004. El documento fue avalado por 14 países del bloque comunitario, incluidos Alemania, Francia, Italia y España. También los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), que ingresaron en la UE en 2004 como Hungría, suscribieron la petición de medidas, lo que muestra que no se trata de un enfrentamiento este-oeste sino de una pugna por el respeto a los valores considerados fundamentales por la UE: la dignidad humana, la igualdad y el respeto por los derechos humanos.

El enojo con el gobierno de Orbán se manifestó la semana pasada durante el encuentro del Consejo Europeo que debía analizar precisamente la situación del Estado de derecho y el respeto a los valores fundamentales de la UE en Hungría y en Polonia. Ese encuentro era parte del proceso abierto contra los gobiernos de ambos países sobre la base del artículo 7 del Tratado de la Unión, que permite suspender el voto en el Consejo a los socios que violen los valores de la UE. 

Los dos expedientes llevan meses frenados por la falta de mayoría suficiente para hacerlos avanzar. El gobierno húngaro y el polaco cuentan con el respaldo de sus pares de otros países (República Checa, Eslovenia y Bulgaria) que temen verse involucrados en procesos similares. Y, en todo caso, disponen del veto en uno de los pasos decisivos de la tramitación para salvarse recíprocamente. 

Los argumentos húngaros en defensa de la ley, de una pobreza intelectual alarmante y que interponen deliberadamente la figura de la pedofilia con una clara impronta prejuiciosa y discriminatoria, estuvieron lejos de satisfacer a los legisladores del Parlamento Europeo. Muchos eurodiputados ven en la normativa un paso más en la deriva autoritaria y reaccionaria de un gobierno cada más alejado de los estándares de la UE y más cercano a los que imperan en la Rusia de Vladimir Putin. 

El camino a la edad de piedra

En un escenario de tensión -que no es nuevo- entre el gobierno húngaro y las autoridades de la UE, este episodio podría marcar un punto de inflexión en la relación. Hay quienes señalan inclusive que Orban ya excedió la mera desconfianza hacia sus socios europeos y que ha comenzado a imitar  abiertamente el modelo ruso. 

Liderada por Orbán, Hungría ha ido mutando hacia un país cada vez más xenófobo y conservador, con Polonia como principal aliado para encarar un movimiento político y cultural reaccionario frente a la ampliación de derechos que se observa en buena parte de Europa y del mundo. 

En líneas generales, puede afirmarse que los partidos de  extrema derecha se desarrollan bajo dos condiciones: inestabilidad económica y amenazas reales o imaginadas procedentes de personas o grupos de personas de otra cultura o religión. La persistencia y expansión de la derecha radical es un tema preocupante, y los contextos de Europa central y oriental aparecen como un caldo de cultivo para el crecimiento del extremismo. Y el húngaro no es el único caso: Polonia bajo el mando del Partido Ley y Justicia de Jarosław Kaczyński forma parte de esta misma corriente reaccionaria.

Lo que sucede con Hungría debe ser analizado y visibilizado. El giro autoritario y ultraderechista no fue repentino. En 2011 se aprobó una controvertida ley de prensa -calificada como “ley mordaza”- y diversas instituciones acusaron ya en aquel entonces a Orbán de desplegar un amplio control sobre los medios masivos de comunicación social incluyendo internet, de terminar con la libertad de prensa y de llevar el país camino a una dictadura. En esa misma época, la sanción de una nueva Constitución, limitó la separación de poderes, consolidó al Ejecutivo frente a los poderes Legislativo y Judicial, restringió el poder de la Corte Constitucional, limitó la libertad de expresión y socavó la gobernabilidad democrática, al tiempo que exaltó la tradición cristiana y estableció que la familia es una “unión entre hombre y mujer”. En ese entonces, tanto instituciones europeas como estadounidenses, además de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, mostraron preocupación por los cambios.

En 2016 Orbán alentó un referéndum antiinmigración que fue llevado adelante pese a ser a todas luces anticonstitucional. El referéndum finalmente fracasó porque para que fuera válido se requería que votara un mínimo de 50 por ciento de la población habilitada, y solamente lo hizo el 44,4 por ciento. Sin embargo, debe destacarse que más de 98 por ciento de quienes votaron lo hicieron por  la consigna xenófoba impulsada por el gobierno. Lo que resulta contradictorio es que muchos húngaros -aproximadamente el 5 por ciento de la población- se vieron obligados a emigrar en los últimos años para encontrar trabajo en otros países. Son demasiados los húngaros que se convierten en esos migrantes que Orbán tanto desprecia.

La UE expresó en varias ocasiones su preocupación por los procesos políticos tanto en Hungría como en Polonia, donde las instituciones democráticas y republicanas sufren un constante avasallamiento, hay debilitamiento de la institucionalidad democrática, crecimiento de las medidas autoritarias, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de ideas radicalizadas que ponen en peligro el equilibrio y la estabilidad social. El caso de Polonia podría ser aún peor, dado que tiene cuatro veces más habitantes que Hungría y es un actor significativo dentro de la UE, con una creciente economía y una importante voz que confronta a Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Estos países de Europa central se sienten víctimas de las décadas de dominio soviético y están convencidos de que Europa les debe una retribución, y por eso se enfrenta a muchas medidas emanadas desde Bruselas. El problema es que lejos de la armonía, la Europa democrática y la reaccionaria parecen alejarse cada vez más.

Pero hay que prestar atención, porque aunque los contextos de Europa central y oriental aparecen como un ámbito propicio para la proliferación de ideologías tradicionalistas, de fanatismo religioso, euroescépticas, xenófobas, LGTBIfóbicas y antiderechos, dando lugar a nuevos imaginarios políticos, el fenómeno está lejos de limitarse a Europa. Advierte lo que puede suceder en cualquier parte del mundo cuando toman el poder los demagogos y la ultraderecha, cuya fuerza principal es el miedo al otro.