Este martes, tras una larga discusión que llevó varios meses, la Corte Suprema de Justicia santafesina se expidió a favor del control legislativo sobre los fiscales. La votación de los supremos fue dividida, pero favorable a la constitucionalidad de la ley sancionada hace tres años, registrada bajo el número 13807 que otorga a la Legislatura el poder de evaluar las conductas de los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPA), además si sus faltas gozaran de mucha gravedad, sancionarlos y destituirlos.

La postura del máximo tribunal provincial es indispensable para disuadir dudas sobre la legalidad de dicha norma, como también para el futuro de los procesos investigativos iniciados en el parlamento santafesino, que debieron suspenderse desde que el tema se judicializó.

La decisión de la Corte se basó en la presentación del fiscal Adrián Spelta, a quien intentaban investigar por haber acordado una excarcelación con Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, implicado junto a su hermano en un contexto de narcomenudeo, por el intento de un triple homicidio.

Ante esta situación, Spelta acudió al tribunal laboral de Rosario para poner en tela de juicio dicha ley. En el mes de septiembre del año pasado, el cuestionado fiscal, logró un fallo a su favor por medio de la Sala II de la Cámara Laboral que sostuvo que la norma en cuestión “era inconstitucional”. Esto basado en el argumento que el Poder Legislativo invadía con dicha ley las facultades propias del Poder Judicial.

Tras esta decisión, la Fiscalía de Estado de la provincia, tomó cartas en el asunto y presentó un recurso de queja ante el Tribunal Mayor buscando defender la legalidad de esta ley en cuestión.  

Anteriormente, el procurador provincial Jorge Barraguirre se había expedido sobre este recurso. En su intervención dijo que el régimen disciplinario que confiere a la Legislatura la potestad de investigar a los fiscales es "inconstitucional". Según su apreciación, es imposible que el poder político domine "por completo el régimen disciplinario de los cuadros técnicos del MPA, es decir de fiscales y fiscales adjuntos, a diferencia de los fiscales regionales y el general".

La controvertida ley se sancionó por unanimidad y sobre tablas en noviembre de 2018, promulgada el mes siguiente por el Poder Ejecutivo, todavía a cargo de Miguel Lifschitz. De modo que desde ese entonces, el MPA salió a cruzar dicha norma en reiteradas oportunidades por considerar que se trataba de una clara intromisión de poderes.