La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles la cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello que ordena al Gobierno nacional a elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos retenidos en depósitos y destinados a comedores populares y merenderos.

Además, el Tribunal de alzada (Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah) indicó que se intenta “establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.

Previamente, Casanello ordenó “encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”, y para el mismo había dado un plazo de 72 horas que no fue cumplido por el Gobierno.

El primero en celebrar la decisión de la Justicia porteña fue el denunciante Juan Grabois, que apuntó directamente contra la ministra de Capital Humano y responsable de la no-distribución, Sandra Pettovello.

X de Juan Grabois

“Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa. PD: bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas”, dijo en su cuenta de X el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

En su fallo, la Cámara reivindicó la actuación del juez Casanello asegurando que “las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”.

Previamente, el Ministerio de Capital Humano había apelado, asegurando que la medida del juez era “arbitraria y contradictoria” y una “intromisión del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional”.