Los gobernadores y la mayor parte de la política con responsabilidad de gestión, funcionan tratando de fingir demencia ante un gobierno nacional que, es evidente, perdió toda cordura y racionalidad. Es obsceno, es decir está fuera de escena.

Cómo puede calificarse a una administración que hace las cosas sin pensar en la más mínima consecuencia del funcionamiento de un país. Por ejemplo, los 5.000 despidos y retiros voluntarios en el Correo Argentino impedirían, hoy por hoy, organizar el voto de los ciudadanos. “Esto es un derrumbe, hecho por gente que no piensa, que no planifica nada”, dicen en las oficinas en el Palacio de Justicia, donde funciona el juzgado que hoy preside María Romilda Servini.

Una gestión que en pos del dogma y el fanatismo por la batalla cultural dejó de repartir alimentos a una sociedad necesitada. No sólo los que compró la gestión anterior sino las partidas que adquirió este gobierno a empresas denunciadas y que fueron halladas en distintos galpones este fin de semana por los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.

La ministra Sandra Pettovello fue defendida por el presidente Javier Milei como es costumbre con insultos y mentiras. Pero el escándalo escala en proporciones y no se calmó con la renuncia de Pablo de la Torre, el funcionario que estaba encargado de la distribución de comida a comedores y organizaciones sociales y que juró por redes sociales “antes muerto que ladrón”.

Como si fuera poco, se filtró una planilla de Excel titulada "Plan 120". Allí se expone una red de rugbiers "ñoquis" beneficiados con pagos irregulares. Federico Fernández, ex director administrativo de la Secretaría de Niñez y Familia, conocido como "Fefe", se encuentra en el centro de la controversia y habría sido quien compartió el documento.

La revelación comenzó cuando Fernández, al parecer por error, subió la planilla de Excel a Google Drive y la compartió públicamente. Esta lista, que fue publicada por La política online, detalla pagos irregulares que sumaban 120 millones de pesos, y estaba identificada con las iniciales de Fernández, "FF". La planilla incluía nombres de rugbiers del Colegio La Salle, amigos cercanos de Fefe. Casta, corrupción y ñoquis. Más no se le puede pedir al asunto. 

Sí, también la crueldad de origen al no repartir alimentos ya comprados para comedores comunitarios. Pero no todo es descontrol, inoperancia y corrupción. Había un plan
detallado para la ayuda social. La cifra de la licuación indica que este rubro retrocedió 14% en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con igual período de 2023. El concepto de políticas alimentarias incluye la asistencia a comedores y los programas específicos del gobierno, entre ellos la Tarjeta Alimentar. También contempla las compras de alimentos para asistencia social.

El plan económico implica apretar a unos para engordar a otros claro está. Basta leer las conclusiones del informe de OCIPEx, un observatorio que estudia y sigue la política exterior argentina. Allí refieren que la mega rentabilidad generada por la liberalización total de precios, se puede detectar claramente en el precio de la nafta. Mientras hubo una devaluación del 118% en diciembre, la nafta aumentó un 276% desde que asumió el gobierno. Este aumento sideral de precios fue a parar principalmente a las grandes petroleras que venden combustible, como Pan American Energy o YPF, administrada por ex directivos de Tecpetrol.

OCIPEx destaca que lo mismo ocurre con el tarifazo eléctrico que aumentó exponencialmente las ganancias de las generadoras eléctricas como Pampa y Central Puerto. En el sector de alimentos, las ganancias  aumentaron sideralmente, entre 32% y 2628%, pero los ingresos por ventas tuvieron incrementos reales menores a las petroleras. Al igual que en el sector energético,
las empresas alimenticias aumentaron los márgenes. Venden menos cantidad, pero ganan más por cada unidad.

Los otros grandes ganadores son los bancos -los más grandes- que aumentaron sus ingresos en un 149%, respecto al primer trimestre del año pasado. Sin embargo, sus ganancias netas incrementaron un 651% y un 2.051%. “Es la anarquía y liberación de precios para garantizar
ganancias exorbitantes, mientras se reprimen decididamente los salarios y jubilaciones, se recortan los alimentos y medicamentos para quienes los necesitan y se desfinancia la industria y el desarrollo tecnológico”, concluye el informe.

Este es el panorama en el que intentan hacer pie los gobernadores y legisladores que se enfrentan a la responsabilidad de avalar o no el asalto a la nación a través de la Ley Bases que no por nada sigue en el pantano.

El gobernador de Santa Fe y el intendente Pablo Javkin quieren poner segunda y anunciar a mediados de este mes inversiones en la ciudad por más de 40 mil millones de pesos. Cloacas, avenidas, pavimento, transformación de espacios públicos y cinco mil nuevas cámaras para
seguridad. Pero todo esto habrá que hacerlo de frente al gobierno más antifederal de la historia.

Javkin se embarcará en los próximos días, junto a la veintena de intendentes que ya lo acompañaron en el reclamo por los subsidios al transporte; en la titánica tarea de incluir el ítem en la Ley de Presupuesto para el 2025. Quieren de esa manera alguna previsibilidad y hacer entender al gobierno de Milei que el boleto de transporte urbano no puede mantenerse en los 270 pesos para capital federal y el Amba mientras que en Rosario y muchos puntos del interior, se está acercando a los mil pesos.