Hoy aumentan los combustibles un 4%, menos de lo que se preveía porque el gobierno nacional decidió amortiguar los incrementos para que le den los números de la inflación de junio. También postergó las subas en electricidad y gas. Es el sexto incremento en el año. De todos modos, más les vale a los argentinos acostumbrarse a pagar la nafta y el gasoil como si vivieran en un país que no produce ni un litro de petróleo.

De eso se trata la Ley Bases y el RIGI que alegremente votaron -también- los diputados del radicalismo que responden al gobernador Maximiliano Pullaro y los del PRO que se cuadran bajo las órdenes de Mauricio Macri que ya se quedó con el partido y está a nada de romper definitivamente con Patricia Bullrich, que entendió que no se puede tener dos jefes.

Por eso la vicegobernadora Gisela Scaglia pide hacer borrón y cuenta nueva y olvidar “quienes son de Horacio (Rodríguez Larreta, por cierto ella misma), quienes de Patricia (Bullrich) y quienes de Mauricio (Macri, como es el claro caso de Federico Angelini). En este contexto, los votos disidentes de Mónica Fein y Esteban Paulón en el Congreso de la Nación tienen un enorme valor político. Pero a no confundirse, es una disidencia acordada. 

En Santa Fe el socialismo defiende a rajatabla las decisiones de Pullaro. Incluso sus diputados provinciales pusieron la cara el jueves pasado para defender el escandaloso aumento de la tarifa del agua que golpeó a los santafesinos con un 450% de incremento que llegará al 562% de aumento para julio-agosto.

El enorme aumento trata de ser justificado por la ley de Emergencia para ASSA. Esta semana hubo un aviso para los santafesinos y santafesinas cuando recibieron las boletas de aguas triplicadas.

Literalmente, los que habían pagado 8 mil pesos el bimestre anterior enfrentaron una nueva factura de 24 mil pesos o más. "Hasta Milei se hubiese puesto colorado", chicaneó en el recinto el diputado provincial del peronismo Miguel Rabbia cuando se debatía el proyecto oficialista que declaró hasta fin de año la emergencia para la empresa ASSA.

No en vano fue la primera ley especial de la actual gestión legislativa que no tuvo acompañamiento de ninguno de los bloques opositores. Es más, el interbloque justicialista fue muy crítico en sus rechazos al proyecto especialmente en los discursos de Lucila De
Ponti, Marcos Corach, Rabbia y Verónica Porcelli Baró Graf. Tampoco faltaron críticas desde la izquierda a través de Carlos Del Frade (FAS) o de los bloques de derecha con posturas de Omar Paredes (Somos Vida) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).

Unidos para Cambiar Santa Fe gestiona al ritmo de lo que impone el presidente Javier Milei al que por ahora le reclaman sin estridencias y le pegan con el diario mojado. Todo hace prever que con el tiempo los dirigentes del espacio se embarcarán en una competencia para ver quien se despega más rápido del inefable gobierno libertario. Porque no hay que dudar de que ese tiempo llegará más temprano que tarde. 

Y parece que no necesariamente habrá que esperar que surja una alternativa política. La tolerancia social al ajuste parece agotarse. En junio el Índice de Confianza del Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella fue de 2,46 puntos, una caída del 2,1% respecto de mayo y un 14% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Comparado con el índice de confianza que tenían luego de sus primeros semestres Mauricio Macri y Alberto Fernández, el nivel es 5,7% y 11,1% menor respectivamente.

Ley Bases

Pasada la votación de la Ley Bases que el gobierno sigue festejando por estos días como si se tratara de un premio a su pericia política, cuando en realidad el peso estuvo en el lobby de los poderosos intereses involucrados; trascienden detalles más y más escabrosos de lo que se sancionó en Diputados. Tanto el polémico Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la ley de hidrocarburos dan cuenta de los extraordinarios beneficios entregados a grandes compañías. Son tan espectaculares que ni ellas mismas pueden creer que hayan sido aprobados tantos privilegios.

Así es con los proyectos de planta de GNL (Petronas-YPF), expansión de la red de gasoductos (TGS), explotación de áreas en Vaca Muerta y en Palermo Aike (CGC-YPF en Santa Cruz) y de yacimientos mineros (litio, cobre, potasio). Cada uno de estos planes de inversión ya tenía incorporado en la respectiva tasa de retorno beneficios fiscales, cambiarios e impositivos acordados con la Nación y provincias, que con la Ley Bases se ampliaron hasta niveles obscenos.

Como dijo el senador Oscar Parrilli (UxP) “esto significa, lisa y llanamente, que toda la actividad de los hidrocarburos en la Argentina va a estar sometida al designio y a lo que decidan los grandes grupos económicos”. Y agregó que “con el agravante de que, además, se intenta fijar que la Argentina sea un país al que le da lo mismo tener petróleo que no tenerlo, porque los precios se van a relacionar con los precios internacionales”. Parrilli apuntó que “esta ley beneficiará mucho a las empresas petroleras, pero va a perjudicar a
las provincias”.

El objetivo de la reforma de Milei (de las petroleras en realidad) es liberar absolutamente el mercado de hidrocarburos, eliminar prácticamente cualquier injerencia en las decisiones del Estado nacional y de las provincias (dueñas del recurso), establecer paridad de importación/exportación y, finalmente, establecer los precios internos en línea con el internacional. Así, el consumidor pagará la nafta al mismo precio que el de los países que no tienen petróleo.

Pero según el gobierno santafesino, el maquillaje que recibió el RIGI en el Senado fue por la incomprobable presión de esta provincia y esos cambios “serán beneficiosos para la industria de Santa Fe”, según explica el ministro de la Producción Gustavo Puccini. “Contate otro”,
le piden a cada paso al ministro de confianza de Pullaro.