Milei restringe drásticamente el acceso a la información pública en Argentina
Buenos Aires, [Fecha] – En un controvertido movimiento que ha generado alarma entre defensores de la transparencia y la libertad de expresión, el presidente argentino, Javier Milei, ha firmado un decreto que limita significativamente el acceso de la ciudadanía a información pública.

A través del Decreto 780/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobierno nacional ha modificado la Ley de Acceso a la Información Pública, restringiendo el alcance de los datos que deben ser puestos a disposición de la sociedad.

¿Qué implica este nuevo decreto?

Discrecionalidad gubernamental: El gobierno se reserva el derecho de determinar qué información se considera de interés público, dejando una amplia puerta abierta a la opacidad.
Datos privados vs. públicos: Se excluye de la categoría de "información pública" datos considerados privados, como reuniones familiares en la residencia presidencial o información personal de funcionarios.
Deliberaciones internas: Las deliberaciones internas del gobierno, como notas y borradores, quedan exentas de ser divulgadas.
Secreto de Estado: Se amplía el plazo para mantener información clasificada como secreta de Estado, y se protegen datos financieros del Banco Central.
Criterios vagos: El decreto establece criterios subjetivos para determinar qué información puede ser retenida, como aquella que podría tener "un valor comercial por ser secreta".
Reacciones y críticas

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia, quienes advierten que este retroceso pone en riesgo el control ciudadano sobre la gestión gubernamental y limita el derecho a la información.

"Este decreto representa un grave ataque a la democracia y a los principios de transparencia", afirmó [Nombre de un experto o representante de una organización], quien destacó que "la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los asuntos públicos".

¿Cuáles son las consecuencias de esta medida?

La restricción al acceso a la información pública puede tener diversas consecuencias negativas, entre ellas:

Mayor opacidad: Dificulta el control ciudadano sobre el ejercicio del poder.
Corrupción: Facilita la ocultación de posibles actos de corrupción.
Desconfianza: Aumenta la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
Retroceso democrático: Representa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas.
En síntesis, el decreto firmado por Milei constituye un preocupante avance hacia una mayor opacidad en la gestión gubernamental, lo que genera incertidumbre sobre el compromiso del nuevo gobierno con los principios de transparencia y participación ciudadana.

X de Gustavo E. Feldman

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