El empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió impune a los 95 años. Dueño de una de las empresas agroalimentarias más importantes del país, Blaquier fue procesado por secuestros ocurridos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Jujuy hace once años, pero contó con la inestimable ayuda de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal para dilatar las investigaciones en su contra y evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

En 2012, la justicia federal procesó a Blaquier por secuestros y desapariciones que ocurrieron inmediatamente después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y por los que tuvieron lugar en julio de 1976 en lo que se conoció como las "Noches del Apagón", cuando las fuerzas de seguridad salían a secuestrar al amparo de un corte de suministro. Esos operativos se hicieron con camionetas que proveyó el ingenio Ledesma, que ya era controlado por Blaquier.

En marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Blaquier --uno de los emblemas de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura--. La Corte cajoneó la causa durante seis años, pese a insistentes reclamos de organismos de derechos humanos para que resolviera el caso.

Recién en 2021, los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton firmaron un fallo en el que sostenían que Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la causa contra Blaquier. Nada decían de su propia demora.

Después de la resolución de la Corte, las querellas pidieron que Blaquier fuera elevado a juicio. El año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo separó del proceso por entender que no estaba en condiciones de afrontar las audiencias.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se le practicaran nuevos estudios para determinar cuál era el estado de salud de Blaquier. En ese proceso estaba el Cuerpo Médico Forense (CMF). Según pudo saber Página/12, días atrás, la defensa de Blaquier avisó que estaba con nuevos problemas de salud, por lo que los exámenes que restaban no podrían practicarse.

El año pasado, una investigación llevada adelante por el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano lo vinculó como cliente de la secta VIP de Villa Crespo. Desde Ledesma omitieron dar opinión.

En la causa por los secuestros y las desapariciones de 1976 ocurridos en Jujuy también está acusado Alberto Lemos, el exadministrador del ingenio Ledesma. El TOF de esa provincia debería avanzar con el proceso en su contra para determinar la responsabilidad que tuvo la empresa que históricamente perteneció a la familia Arrieta --padres de la exesposa de Blaquier-- con los crímenes de la última dictadura.