Luego de la aprobación general de la Ley Bases en el Senado de la Nación, el Gobierno decretó este jueves la emergencia pública en materia ferroviaria por dos años.

La medida afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.

Según se explica en los considerandos de la norma, luego de que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) realizará la evaluación de desempeño del sistema ferroviario correspondiente al ejercicio anual 2023 "se evidencia la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional".

Y se detalla que, de acuerdo a esos informes, se desprende que "el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas" y "obedece en gran medida al estado de conservación en el que se encuentra la infraestructura".

Mientras que remarca que "en el transporte ferroviario de pasajeros, la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios".

También se destaca que "se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una disminución en las frecuencias".

A raíz de esta situación, el decreto establece que en un plazo de 15 días las empresas deberán presentarle a la autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria —la Secretaría de Transporte de la Nación—, "un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".

Tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".

Asimismo, el Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". Asimismo, se indicó que trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) "deberán imputarse en el presupuesto 2024."