El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció este miércoles el lanzamiento de la precandidatura presidencial del ex mandatario Luiz Inácio Lula da SIlva, en respuesta a la condena a 12 años y 1 mes de prisión definida en segunda instancia el martes por la cámara de apelaciones de Porto Alegre. 

La decisión es un claro contraataque político a la medida judicial y fue anunciada por la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, en el inicio de la reunión del directorio ejecutivo del partido, al lado de Lula y de la ex presidenta Dilma Rousseff, en San Pablo.

El líder opositor aseguró en la reunión que no respetará el fallo de lo condenó por corrupción porque los jueces "formaron un cartel para defenderse y no para hacer justicia" y sostuvo que no quiere postularse para protegerse sino "para recuperar al país".

Además pidió a los dirigentes del PT "poner al pueblo en movimiento" en caso de una eventual detención, al ser presentado oficialmente como precandidato presidencial para las elecciones del 7 de octubre. "Les pido que hagan campaña incluso si ocurre algo indeseable, pongan al pueblo en movimiento", dijo Lula en la reunión.

El PT ya había advertido que no tenían intenciones de postular a un sucesor de Da Silva, y anunció la decisión a pesar de la decisión judicial que imposibilitaría su candidatura. Restará conocerse el devenir de los procesos judiciales para que esta posibilidad sea efectivamente descartada, pero mientras tanto, la jugada desafiante de la corriente de Lula fue contundente.

El ex presidente fue condenado por unaminidad por corrupción, luego de que los tres camaristas del tribunal regional de Porto Alegre confirmaran la sentencia dictada por el juez Sérgio Moro contra el líder de la oposición y favorito en las encuestas para los comicios de octubre en Brasil.

Los magistrados votaron a favor de elevar a doce años y un mes la pena de Lula frente a los nueve años y medio que le había impuesto el juez de primera instancia. Los tres miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región fueron unánimes al concluir que "quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un lujoso apartamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras".

Además de elevar la pena, los tres coincidieron en que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para intentar modificar la condena en segunda instancia.