Un proyecto que ingresó a Legislatura en la semana que pasó pone bajo la lupa la gestión de quienes llegan a la función pública por el voto popular. La iniciativa que ahora empezará a rondar el circuito de comisiones, tire y afloje propone que todo funcionario provincial, municipal o comunal, de poder Legislativo o Ejecutivo que hayan sido electos, puedan ser removidos de ese cargo, en determinadas circunstancias y por voluntad del electorado mismo.

El autor de la propuesta es Carlos Del Frade (bloque Frente Amplio por la Soberanía), quien impulsa esta idea de destituir por plebiscito a quienes hayan defraudado la voluntad popular que les confirió representatividad de gobierno.

Claro que semejante idea tiene ciertos límites y condiciones. Por ejemplo, que el funcionario en cuestión haya transcurrido ya 12 meses desde que asumió el cargo electivo, y que le resten por cumplir más de 6 meses para finalizarlo. También, para ponerlo en la picota, el proyecto aclara que sería necesaria la firma de por lo menos el 20 por ciento de los electores y electoras del distrito electoral donde resultó elegido. Y que las causas para plebiscitar su destitución tengan relación con su desempeño como representante, sea diputado, concejal, senador, presidente comunal, intendente o gobernador.

El trámite de pedir el referendum se iniciaría ante el Tribunal Superior de Justicia, con la debida argumentación sobre las intenciones de remover al funcionario. Y será ese tribunal quien entregue planillas foliadas a quienes quieran ejercer este poder, y vayan a recolectar las firmas necesarias para proceder al plebiscito.

En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el Tribunal Superior de Justicia declarará la caducidad del procedimiento. Al respecto el piso del porcentaje debe ser el 10% del padrón de la ciudad o comuna, según corresponda, y así se tendrá por iniciada la petición de revocatoria de mandato.

Si el trámite destituyente prospera, el TSJ debería convocar al referéndum dentro de 90 días. Si en la elección gana la moción de revocatoria por más del 50% de los votos, el funcionario quedará separado de su cargo, y será suplantado por quien le toque ese lugar. Si eso no ocurre, la moción queda sin efecto y el funcionario conservaría su puesto.