Se presentó en la Legislatura santafesina un proyecto que busca la creación de un impuesto inmobiliario adicional para todos aquellos grandes propietarios de tierras rurales de la provincia, con el objetivo de que lo recaudado se destine a reforzar las políticas alimentarias de las familias santafesinas en situación de pobreza.

El diputado provincial Carlos del Frade ingresó un proyecto que implica un incremento de entre el 30% y el 40% al monto que ya pagan por concepto de impuesto inmobiliario los grandes propietarios de latifundios.

Todo esto partiendo desde los datos de los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario (2018), que demostraron que en el  país el 1,6 % de los productores concentra el 42% de la tierra productiva de Argentina, lo que son solo 3.566 explotaciones agropecuarias sobre un total de 227.323.

Este impuesto adicional será para personas físicas o jurídicas según la cantidad de hectáreas que posean y tipificado acorde a las diferentes regiones de la provincia.

Para determinar la dimensión de las áreas gravadas se determinará por el valor de las tierras, y las alícuotas a pagar será un monto extra al que abonan normalmente por concepto de impuesto inmobiliario rural.

Estos serán del 30% para los propietarios de nacionalidad argentina que sean personas físicas 35% para los que sean personas jurídicas y un  40% para los titulares de nacionalidad extranjera.

El objetivo de este impuesto es que lo recaudado se destine a la creación de un Fondo provincial para reforzar las políticas alimentarias de las familias santafesinas en situación de pobreza.

Al respecto, Del Frade describió: “Existen grandes extensiones de tierra rural que se van revalorizando sin más inversión que la que ha realizado el Estado en infraestructura. Por otro lado estamos convencidas/os que al gravar la gran propiedad territorial aportaremos con la absorción, por parte del Estado, de un porcentaje de la renta de la tierra, a provocar una deflación de los precios de la misma, una mayor oferta y la adjudicación en esta forma a los pequeños y medianos productores rurales”.

Así mismo, se especificó que en Santa Fe, hay 19.970 explotaciones agropecuarias (EAP), que representan una superficie de 9.478.912,9 hectáreas (Has). Ahora bien, tan sólo 1214 de esas explotaciones concentran 4.522.067,10 Has mientras las restantes 4.956.845,8 Has productivas de la provincia se reparten entre 18.756 establecimientos.

En otros términos, en Santa Fe el 6% de las EAP concentra el 48% de la superficie productiva. Otro dato relevante es que 19 EAP poseen más de 20.000 Has.; 34 más de 10.000 Has. y 41 más de 7.500 Has. Son 1.392.574,9 Has concentradas en 94 establecimientos.

Cabe señalar que el 84% de los EAP son titularidad de personas humanas, mientras que el 11% son propiedad de personas jurídicas.

A esto habría que agregar la preocupación que genera la posesión de grandes extensiones de tierra de la provincia en manos de propietarios extranjeros. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en la provincia hay 217.559,19 Has en manos extranjeras, que representan un 1,7º/o de la superficie total de zonas rurales, donde el departamento Garay lleva la delantera con un 15,7% de sus hectáreas extranjerizadas. Le sigue San Javier con un 3,1%.

“No es casualidad que estos datos coincidan con las regiones de Santa Fe más pobres, donde las comunidades originarias están relegadas a pequeños poblados, la mayoría sin tierra donde poder trabajar, donde los departamentos tienen las mayores extensiones y sin embargo, la menor cantidad de pobladores; con un pueblo que hace grandes sacrificios para tener un lote donde alzar su vivienda, si es que lo logra; con una agricultura sin agricultores. La extranjerización y concentración en pocas manos no ha sido la salida hacia el progreso en ningún lugar del mundo”, apuntó el legislador

Este proyecto ya tiene un antecedente en la Cámara baja provincial, habiendo sido presentado por primera vez en 2019 por la entonces legisladora, Mercedes Meier.