Luego de mantener una reunión con la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación, Liliana Swhindt, referentes de asociaciones de inquilinos y la concejala Norma López, definieron una serie de propuestas para aliviar la situación de quienes pagan un alquiler en la provincia.

Tras el encuentro manifestaron la necesidad de defender la vigencia de la Ley de Alquileres, aunque consideraron que es necesario incorporar el acompañamiento del Concejo Municipal y la legislatura provincial para poner en marcha una serie de medidas en favor de los inquilinos.

Respecto al aporte que puede dar el Concejo, propusieron un debate acerca de la composiciòn de la Tasa General de Inmuebles. La idea es diferenciar el componente impositivo y el de servicio para establecer qué parte le corresponde al inquilino y cual al propietario.

Por otra parte, durante la charla con la funcionaria nacional, los participantes locales manifestaron el apoyo a la creación de un impuesto a la vivienda ociosa. Consideraron que a nivel provincial se puede avanzar en ese ítem, desde la legislatura, aplicando un diferencial en el impuesto inmobiliario a quienes cuenten con determinada cantidad de propiedades sin habitar.

Así como pretenden avanzar con los sectores más concentrados del mercado inmobiliario, también propusieron un incentivo fiscal para los tenedores de una o dos viviendas. Esto se traduciría en rebajas impositivas a los pequeños propietarios que vuelquen su patrimonio al mercado para alquilar.

Luego del encuentro en el que participó Liliana Shwindt y referentes de asociaciones de inquilinos, la concejala justicialista Norma López, manifestó: “Es imprescindible buscar herramientas para frenar la avanzada especulativa sobre las propiedades. La Ley que fue impulsada por las organizaciones de defensa de inquilinos/as, ha sido totalmente desvirtuada por quienes siempre se han opuesto al acceso de trabajadores a viviendas dignas”.

Todos los actores coincidieron en que “hay que proteger la Ley”, ya que la suspensión, o derogación que impulsa la oposición en el Congreso de la Nación, pone en riesgo el efectivo cumplimiento para los contratos vigentes.