En su cruzada con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, el presidente Javier Milei solicitará ahora un per saltum a la Corte Suprema de Justicia, luego de que un Juzgado Federal fallara a favor de Chubut, obligando al Gobierno nacional a devolver los $13.500 millones retenidos de fondos coparticipables.

Tras el duro revés judicial que supuso esta acción, la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno recurrirá tanto al per saltum como también a plantear la incompetencia y recusación del juez Hugo Ricardo Sastre.

Este accionar es utilizado por Milei para poder apelar el fallo directamente en la Corte, sin instancias previas, considerando que la relación de las provincias con el Gobierno nacional es competencia plena de la CSJN.

El per saltum implica que una vez que una causa tiene sentencia del Juzgado competente de Primera Instancia, en caso de revestir gravedad institucional, la parte apelante puede llevar el caso directamente a la Corte Suprema, sin necesidad de pasar por segunda instancia.

Un trámite judicial se inicia con una causa ordinaria en materia civil, comercial o administrativa que ingresa a un Juzgado de Primera instancia, que dicta sentencia. En caso que las partes se sientan afectadas, tienen el derecho a apelarla ante una cámara, donde resolverá un tribunal compuesto por tres jueces. Si todavía no está resuelto el asunto, queda la instancia extraordinaria y última en nuestro país: acudir ante la Corte Suprema.

Cuando una de las partes presenta un per saltum, los jueces del máximo tribunal se reúnen en una reunión de acuerdo y analizan si el pedido es justificado o no. Si lo aceptan, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva. Si lo rechazan, la causa continúa su trámite natural.

Fallo a favor de Chubut: el gobierno nacional debe devolver la coparticipación