Armas y atomización policial, ejes para dilucidar la violencia narco

Una ONG con base en Ciudad de Buenos Aires se ocupó de indagar en las circunstancias que expliquen la violencia narco en Rosario, donde la tasa de homicidios cuadriplica al promedio del país, y concluyó con un duro diagnóstico en el que destacan factores como la disputa por el monopolio de la fuerza entre policías y bandas criminales organizadas, y la retirada del Estado en sus funciones de contención social. Por eso, una de las soluciones que postula es la intervención de fuerzas federales, a cargo totalmente de la seguridad pública en toda Santa Fe, y el desplazamiento de toda la Policía provincial.  

El estudio se llama "Rosario, un sueño de paz", y lo presentó el Observatorio de Política Criminal, dirigido por el especialista en seguridad ciudadana Ariel Larroude. 

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, este abogado y consultor en temas de criminología, expuso sobre esta compleja problemática y analizó las variantes por las que el uso de armas en Rosario es cotidiano y donde sus fuerzas del orden están "atomizadas y corrompidas en sus estructuras con un funcionamiento de pirámide invertida donde las bases policiales son más poderosas que las jerarquías", dijo.   

El especialista concluye en que para llegar a la complejidad actual el Estado cedió el uso monopólico de las fuerzas de seguridad para trasformar a la ciudad en "un oligopolio de violencia que se reparte entre policías y criminales para resolver los problemas por lo cual hay varias potestades represivas, varias personas con capacidad de matar que desde Buenos Aires se ve como un fenómeno atípico".

El Estado aquí ya no posee ese monopolio coercitivo, sino que lo comparte, por delegación o debilidad, justamente con esa sociedad que debe tutelar y, llegado el caso, reprender. Esta circunstancia –observa Larroude– ha propiciado la naturalización de la ilegalidad y de la violencia en la misma medida en que la padece.

En ese sentido aseguró que el fenómeno rosarino atraviesa a la Argentina, si se entiende que desde el año 2000 a esta parte el país dejó de ser una vía de tránsito de drogas para convertirse en un lugar de producción y consumo. 

La proporción de personas que consumieron marihuana en la última década ascendió en Santa Fe de un 2,4% en 2011 a un 9,6% en 2017; en tanto la población que consumió cocaína fue 1,1% del total en 2010 y 1,8% en 2017. 

Según el Observatorio en Seguridad, Rosario posee una tasa de homicidios de 18 casos cada 100 mil habitantes, el cuádruple del promedio nacional. Casi el 77% de dichos homicidios tuvo planificación previa, y en el 85% de los casos los hechos registrados fueron cometidos con la utilización de armas de fuego. Lo que habla, además, de una fuerte proliferación de armamento en todo Rosario. En 2014, ese registro era de 72%.

La mayor parte de las víctimas son jóvenes varones de entre 15 y 29 años, es decir, la franja masculina más activa en términos sociales y económicos de la ciudad, y que casi la totalidad de los homicidios dolosos ocurrió en la vía pública, lo que denota que las conflictividades se dirimen en la calle y a la vista de la agencia policial.

El análisis de la ONG compara el conurbano bonaerense con Rosario e indaga por qué aquí la violencia es mayor pese a ser una ciudad que genera riqueza en el centro del polo agroexportador. Sobre eso precisó que existen dos diferencias fundamentales, primero que no se llega ni por asomo a las tasas de homicidios dolosos que tiene Rosario, aún en los sectores más postergados de este territorio. Otra arista es que en la provincia de Buenos Aires es la Policía Bonaerense quien regula el delito, situación ni buena ni mala, decide qué es lo que pasa en la calle, y es participe de la violencia y los circuitos de ganancias, no solo de la venta de estupefacientes, también lo es de otros circuitos ilegales.

 “En Rosario eso no pasa, desde 2013 la policía santafesina está fragmentada, donde hay divisiones que tienen mucho más poder que las cúpulas o que el mismísimo Ministerio de Seguridad en un contexto donde el Estado nacional no supo solventar ni decidir qué hacer con Rosario más allá del envío de fuerzas federales que no resuelve el problema”, sustentó Larroude.

La diferencia estriba en que mientras la Bonaerense participa de los negocios delictivos tanto como cualquier policía, sí regula la violencia y define "qué pasa en la calle y qué no pasa", de manera que el territorio no se torne ingobernable. En Santa Fe no. 

“Eso en Rosario no sucedió. Ni la cúpula policial actuó ante los primeros hechos de violencia letal como un cuerpo homogéneo capaz de regular el territorio, ni la clase política hizo lo necesario para evitar más derramamiento de sangre”, analiza el documento del Observatorio.

Propuestas 

El informe propone cinco ejes para detener la violencia en Rosario.

Fuerzas federales. Creación de un comité de crisis dentro del marco de la ley de seguridad interior, donde sean las fuerzas federales quienes durante un tiempo estipulado se hagan cargo de la seguridad ciudadana, entendiendo que en el nivel de connivencia que tiene hoy la policía santafesina con el delito “no puede seguir operando”. Esto implicaría, sacar a la Policía de Santa Fe de su función. Suprimirla, intervenirla.

Desarme civil. El documento promueve una campaña sostenida de desarme, pero con un buen incentivo económico para que la gente se motive a desprenderse de esas armas.

Nueva ley de drogas. Se plantea una profunda revisión de la Ley de Drogas (23.737) para su derogación y reemplazo por una legislación aggiornada. “Es obsoleta”, resumió Larroude. La cuestionan distintos organismos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque obliga al Estado a perseguir consumidores y no ir al hueso del problema.

Inteligencia criminal. El informe exhorta a que el Estado apoye y desarrolle las áreas con capacidad de hacer análisis criminal. "Es algo más complejo que sacar o poner policías en la calle", dijo el autor. De allí se desprenderá un abordaje que ya no envíe la fuerza represiva del Estado a las periferias sino también enfoque la actividad delictiva en los centros financieros que se benefician de la renta negra del narcotráfico.