Una investigación penal detectó un circuito de personas –hay 14 involucradas hasta ahora– que adquirían varias armas de fuego a su nombre, de manera constante en el tiempo, aunque sus ingresos legales no permiten explicar cómo hicieron para tantas compras y por qué.

Fueron 14 imputaciones que los fiscales Gastón Ávila, Patricio Saldutti y Carla Cerliani elevaron este lunes en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma, como derivación de numerosos allanamientos realizados la semana pasada sobre los domicilios de estas personas sospechosas y sobre una armería de zona sur, que sería el origen legal de las armas.

El fiscal Ávila contó que al inicio de la pesquisa se detectaron unas doce personas que “entre todas juntaban 200 armas de fuego, pero que al allanar sus domicilios se encontraron solamente 2”. Luego, del cotejo de las armas secuestradas a lo largo del tiempo, se comprobó que algunas de las pistolas marcadas fueron empleadas en balaceras de los últimos meses, y en un homicidio ocurrido en Villa Constitución.

Observó el investigador que en su mayoría eran pistolas calibre 9 milímetros, las más requeridas por el hampa. “Empezamos a buscar personas que se hubieran registrado comprando varias armas de ese calibre. Detectamos varias compras cercanas en el tiempo, personas que compraron 4 o 5 armas en el mismo día, misma pistola, marca, modelo y calibre, y además sin ingresos suficientes como para acreditar esas compras. Son bienes caros”, explicó. 

“Las armas fueron volcadas al mercado ilegal, sin contar lo que se erogó en municiones. Hay personas que han gastado este año más de 10 millones de pesos en municiones, que tienen 20 armas registradas a su nombre. Son hombres de paja, prestanombres, que compran las armas y luego las desvían al mercado ilegal”, acotó Ávila. O el caso de otro de los imputados, que compró a lo largo de 15 meses 35 pistolas calibre 9 mm, por más de 25 millones de pesos, y trabaja en relación dependencia, con un salario de 600.000 pesos al mes. 

En esta etapa de la investigación, quedaron imputadas estas 14 personas “prestanombres”. Once quedaron en prisión preventiva. Luego, la causa continúa por la responsabilidad de las armerías vigiladas, sobre todo una de bulevar Seguí al 1700, que desde la semana pasada está clausurada hasta el desenlace de la investigación.

Los delitos imputados para los 14 son “provisión ilegal de armas de fuego, tenencia, homicidio y otros”, informaron desde el MPA.

Los acusados son los hermanos Lucas y Flavio P., Alfredo P., Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Jorgelina B., y Marcio M., el delito de provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad en calidad de autor, para Julian B.E. provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y falsa denuncia en calidad de autor, Josué C. provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en calidad de autor, Pablo M. y Daniel P. tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en calidad de autor y para Claudio S. provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y falsa denuncia en calidad de autor, homicidio agravado por uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario, en concurso ideal con entrega indebida de arma de fuego en calidad de autor.

“Valiéndose de su calidad de legítimos usuarios registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, adquirieron armas de fuego a su nombre con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal mediante la entrega de las mismas a personas que no poseían la calidad de legítimos usuarios. Dicha provisión ilegal de armas de fuego se realizó con habitualidad. Para comprar el armamento todas las personas dispusieron de montos de dinero cuya procedencia no pueden justificar legalmente”, señaló Ávila.

Además de pistolas calibre 9 mm, hay otras calibre 380, 40, carabinas 22 y escopeta de repetición calibre 12, entre otras.