La ex pareja de Andrés “Pillín” Bracamonte fue imputada, este miércoles, por el delito de lavado de activos en dos ocasiones, uno en calidad de partícipe primaria y otro en calidad de autora.

Agustina Soledad D., ex pareja de titular de la barra de Central, era intermediaria entre él y un prestanombres. 

La jueza María Melania Carrara, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso como alternativa a la prisión preventiva restricciones por el plazo de un año cumpliendo los requisitos de no salir del país, constituir domicilio fijo en el departamento Rosario y la firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial.

Además, el fiscal Miguel Moreno, quien lleva la causa adelante, secuestró el celular de Andrés Bracamonte hijo,que había asistido como público al acto judicial. La razón fue porque sobre ese equipo tenía una orden de captura que no había podido concretarse durante distintos allanamientos.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio para el 27 de diciembre para tratar cuestiones relacionadas a la investigación por lavado de activos en la que estaba siendo investigado el otro líder de la barrabrava de Rosario Central, quien fue asesinado el 9 de noviembre de este año.

La participación de Agustina consistió en haber transmitido a Esteban las órdenes que Andrés Bracamonte le indicaba sobre: refacciones, mantenimiento, adquisición de mobiliario, pago de impuestos, tasas y servicios, entre otras cosas.

Por otra parte, se le atribuyó también, que desde noviembre de 2023 y hasta diciembre de 2024 ser aparentemente socia de la empresa ATE Servicios Integrales SRL, administrar como bien un automóvil BMW M2, modelo 2018, con valor de mercado actual aproximado de entre u$s 80.000 a 100.000 y una moto de agua marca SEA DOO modelo GTR 230, además una serie de vehículos como : dos camionetas Volkswagen amarok 2.0, un Renault Rodeo, una Hyundai H100 Diesel 2.5 y una Renault Kangoo Express.

Agustina se aseguró que se mantuviera el secreto fiscal sobre el verdadero origen del dinero con que fueron adquiridos e imposibilitó a la autoridad la determinación de la trazabilidad de dicho dinero, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito.