En paralelo a la causa por narcotráfico contra Delfín Zacarías, el juez federal Carlos Vera Barros le tomará declaración este martes a Eduardo Ros, ahijado político del intendente sanlorencino Leonardo Raimundo, actual funcionario del Ministerio de Salud provincial y candidato a concejal. El motivo es interrogarlo sobre asuntos inherentes a la investigación del narcotraficante, puntualmente sobre la posibilidad de que el Concejo deliberante, que Ros presidió hace unos años, pudiera haber sido cómplice en el lavado de dinero a partir de un negocio inmobiliario.

Venta y posterior blanqueo es la ecuación que cierra mundialmente el negocio del narcotráfico. Lo primero ya fue esclarecido por el juez al procesar a Zacarías en 2013, pero ahora avanza con el eslabón final: el lavado de los activos provenientes de actividades ilícitas.  

Delfín Zacarías fue detenido hace poco más cuatro años cuando cocinaba cocaína en un laboratorio montado en su mansión de Funes. Ese día, en el marco del llamado "Operativo Flipper” que dirigió el por entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni en persona, encontraron 300 kilos de pasta base y cocaína para despachar.

Zacarías fue procesado por Vera Barros y la causa llegó a la etapa de juicio a concretarse en breve. En paralelo, el juez inició una causa por lavado de dinero y es aquí donde aparece el nombre de Ros.

Qué se sospecha

El juez presume que funcionarios del municipio de San Lorenzo y del Concejo Deliberante, que Ros presidió hace unos años, fueron cómplices para que Zacarías lavara dinero narco. Se estima que la idea era blanquear unos 20 millones de pesos.

Quién es Ros

Ros es secretario de Participación Social del Ministerio de Salud desde 2015. Este año fue elegido por el intendente de San Lorenzo, el radical Leonardo Raimundo, para encabezar la lista de concejales para las elecciones de medio término. Antes de eso, fue presidente del Concejo sanlorencino.

En 2011 ese recinto desató polémica y rumores cuando el oficialismo impuso su mayoría para aprobar a como diera lugar una excepción al código urbanístico de ese municipio. El pedido de excepción provino de la familia Zacarías que ya había comenzado a construir un enorme gimnasio en una zona restringida en cuanto superficie por lo que no lograba su habilitación.

La movida consistía en habilitar la construcción de un edificio de 6000 metros cuadrados en una zona en la que se permite sólo hasta 2500 metros. En teoría sería un megagimnasio en una zona semirrural, por lo que se sospecha que el fin era levantar un laboratorio como el que Zacarías tenía en Funes, pero cerca del puerto de San Lorenzo para mejorar la logística. Cuatro ediles oficialistas levantaron la mano para conceder el pedido, tres se opusieron y una legisladora estuvo ausente.