Cuatro pistolas semi automáticas, confiscadas como prueba de un asesinato y a resguardo del Poder Judicial, desaparecieron del lugar de custodia y aparecieron la semana pasada en un aguantadero de delincuentes realizado en el barrio Las Flores. La situación disparó un escándalo y la apertura de una investigación por parte de la fiscal Paola Aguirre, de la Unidad de Violencia Institucional, que deberá revisar la actuación del personal policial y judicial a cargo de guardar esas armas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se endilgó la responsabilidad de lo sucedido a la Corte Suprema de Santa Fe y abrió una disputa a sotto vocce entre el órgano que agrupa a los fiscales y el máximo tribunal provincial. 

Se trata de tres pistolas semi automáticas 9 mm, y otra calibre 380. Estaban en poder del MPA, secuestradas en un allanamiento en el marco de la investigación del homicidio de Matías Sosa, ocurrido en 2018 en Parque Casas y por el que fueron condenados a 20 años de prisión dos hermanos policías, Víctor y Franco Villarruel.

Pero en agosto el MPA entregó esas armas a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), que depende de la Corte Suprema, para que cualquiera de las partes del juicio –y no solo los fiscales– pueda acceder a ellas y revisarlas, en tanto elementos de prueba. 

El juicio transcurrió entre noviembre y diciembre del año pasado. En la sentencia, donde Adrián Spelta se desempeñó como fiscal, se estableció que dos de aquellas armas fueran destruidos, y otras dos se la devolvieran al Ministerio de Seguridad, por tratarse de armas reglamentarias de los policías condenados. 

Desde el MPA se informó que el personal de la OGJ no devolvió el 2 de diciembre las armas, como debería haber sucedido. Luego vino el receso judicial de verano, y de las pistolas ya nada se supo. Recién en febrero la OGJ advirtió la falta de ellas y lo denunció a la fiscal Aguirre.  

"Se pudo determinar que las armas se las llevó personal de la OGJ a su oficina, ubicada en el primer piso del Centro de Justicia Penal (Mitre y Rueda). Quedaron allí durante la feria judicial sin ser remitidas al MPA con la documentación correcta, como era el proceso a seguir. Luego de la feria de enero 2022, en la Oficina de Gestión Judicial,  que depende de la Corte Suprema, notan la faltante de la caja con las armas. En el mes de marzo se le da aviso a la fiscalía de la faltante de las armas en OGJ por lo que se inicia una investigación que queda a cargo de la fiscal Paola Aguirre de la Unidad de Violencia Institucional, quien dispone una serie de tareas investigativas para determinar  el proceso de las armas en la Oficina de Gestión Judicial  (OGJ) y el resguardo que se realizó de las mismas en dicha oficina", dice el descargo del MPA.

El comunicado añade que "la seguridad del Centro de Justicia Penal, ingresos y egresos depende de la Corte Suprema".

El escándalo no se detuvo allí. Una de esas pistolas secuestradas apareció entre las armas que la Policía encontró el jueves 31 de marzo al allanar una vivienda de Flor de Nácar y Platón, barrio Las Flores, en persecución de un vehículo en fuga desde Gutiérrez y Circunvalación. 

No hizo necesario analizar la pistola para determinar que era la que debía estar en resguardo del Poder Judicial: ni siquiera le habían limado la numeración. Todavía falta encontrar otras tres pistolas que siguen "perdidas".