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Rosario vive en un permanente deja vú en materia de seguridad. Todo se repite. Las noticias, los discursos, los diagnósticos y las medidas se asemejan a las de años anteriores. El bucle incluye una ola de violencia, una opinión pública saturada por la cantidad de sangre derramada, una fuerza local con poca capacidad de respuesta, espinosas negociaciones para reforzar la seguridad con fuerzas federales y, finalmente, el tan deseado desembarco de agentes foráneos

En el medio de ese dominó que se derrumba y se vuelve armar se escuchan siempre las mismas frases y recetas. Hay que “saturar los barrios”. La ciudad necesita “pacificar sus territorios”. El trabajo se hará “de forma conjunta entre provincia y Nación”.

Lo único que cambia son los interlocutores (ayer Berni y Bonfatti; hoy Bullrich y Lifschitz) y los villanos de turno (ayer los Monos y los Bassi; hoy los Funes y los Camino). Las puestas en escena son muy similares. Los resultados, casi siempre los mismos. Hay un freno parcial y momentáneo de la violencia que se dispara con el paso del tiempo.

Los patrullajes se enfocan en los jóvenes pobres de los barrios, los que venden droga, los que consumen, los que caminan con una gorra, los que vuelven de trabajar y los que se juntan a tomar una cerveza en la puerta de un kiosco. Todo adolescente es sospechoso en la oscuridad de la periferia.

Las denuncias de violencia institucional se multiplicaron cuando los agentes federales se instalaron en los barrios. Algunos casos se hicieron públicos. En 2015, el equipo jurídico de la Asamblea por la Niñez y la Juventud denunció que Gendarmería obligaba a los chicos a cantar el himno para no llevarlos presos. En 2016, los vecinos de Funes se quejaron por los abusos y las intimidaciones de los uniformados.

”Desde la llegada de Berni, en 2014, cuando estaba Bonfatti como gobernador y Lamberto como ministro de Seguridad, dijimos que eso tenía más que ver con el control social que con el combate contra el narcotráfico y efectivamente sucedió así”, reflexionó en estas horas el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).

Las experiencias recientes parecen darle la razón: las fuerzas federales castigan a “los últimos eslabones la cadena de comercialización”, pero poco hacen para doblegar a los “inversores”, a los que en silencio y sin tirar un solo tiro hacen girar la rueda del negocio de la droga.

“Si querés combatir las balas, no pongas más balas. Si querés combatir la violencia, no pongas más violencia. Poné lo que sabemos qué hace falta: trabajo, educación, cultura, alegría y deporte y vas tener mejores resultados”, pidió Del Frade.

Qué se hizo, qué se dijo y cómo se actuó en los anteriores operativos

A mediados de 2014, el por entonces secretario de Seguridad Sergio Berni acompañó el primer gran despliegue de las fuerzas federales en la ciudad. El operativo incluyó allanamientos masivos en los primeros días y la instalación de los agentes en casi todos los puntos geográficos del mapa.

Rosario convivía en aquel momento con las cifras más elevadas de su historia en materia de homicidios y con una policía provincial muy cuestionada por su complicidad con el delito organizado. 

Fueron 2.000 los uniformados que durante ocho meses patrullaron las calles. “Permanecerán en el territorio recuperado el tiempo que sea necesario para asegurar que estas bandas no se puedan reconstituir", explicó Berni. "El objetivo de este plan es intentar pacificar la sociedad”, agregó Bonfatti a su lado.

A la par de los patrullajes de los gendarmes y los prefectos, el gobierno provincial puso en marcha un "plan de intervención barrial" (Plan Abre) para recuperar los espacios públicos perdidos. La medida quedó invisibilizada en medio de tanta violencia.

En diciembre, Berni dijo que “la tarea estaba cumplida” y puso fin al operativo. “Los agentes que hicieron las veces de policía se retiran”, anunció. La Casa Gris sacó a la calle a una nueva fuerza (la Policía de Acción Táctica) para suplir esa ausencia.

"La policía de Santa Fe se tiene que formar para ocupar los lugares de las fuerzas federales", dijo el comisario Adrián Forni, el jefe de la PAT. La salida a la calle de la flamante fuerza evidenció todo lo contrario. El 4 de enero del 2015, un grupo de policías acribilló a Jonathan Herrera cuando lavaba su auto.

El abogado de uno de los efectivos acusados responsabilizó al Estado por la poca preparación de su defendido. “Son agentes inexpertos, de 20 años de edad, que debieran tener dos años de preparación y el gobierno los larga a la calle con apenas 6 meses de instrucción. Uno de ellos ni siquiera aprobó el examen de tiro”, expuso en el juicio.  

Los agentes federales volvieron a la ciudad en mayo de 2015 en otro rebrote de violencia. "Rosario es la ciudad más violenta del país, por eso estamos acá", dijo Berni. El despliegue fue menor: 1.000 efectivos para toda la provincia.

“Gendarmería ha vuelto, tenemos mil agentes”, celebró Bonfatti. La nueva intervención finalizó con el cambio de gobierno a nivel nacional.

Las negociaciones se volvieron a reflotar en 2016 con Patricia Bullrich, la nueva ministra de Seguridad. El acuerdo se anunció con bombos y platillos: un “proyecto amplio” hasta diciembre de 2017 para “combatir la inseguridad y el narcotráfico”. “Vamos a resolver este problema”, se entusiasmó la ministra.   

Pero el calendario pasó de página, la violencia no cesó (recrudeció) y entonces todo volvió a foja cero. Como si nada hubiera pasado en los últimos cuatro años.