El juicio comenzó pasadas las 8 de la mañana. Maximiliano González de Gaetano, un supuesto secretario general del Sindicato de Monteros Argentinos, el único imputado que ya cumple prisión efectiva, apareció con sus manos esposadas (preso por ser parte de una banda narco y de juego clandestino), y se sentó en la punta de la hilera de “banquillo” junto a las otras 12 personas. Los demás asistieron en libertad y sin mostrar demasiada preocupación. González de Gaetano y los restantes están señalados como miembros de una supuesta asociación ilícita que falsificaba escrituras de propiedad y negociaba bienes inmuebles y campos cuyos dueños habían fallecido o vivían en el extranjero.

Se trata del primer juicio en el sistema penal oral y público de estas magnitudes en torno a un delito económico “de guante blanco” con profesionales contables y notariales como miembros, así como reconocidos empresarios. En la primera jornada de alegatos, sin embargo, sólo dos medios, Rosarioplus.com entre ellos, fueron de la partida. Fue llamativo el clima relajado en los entretiempos, en que los imputados no parecían presentar preocupación alguna por los delitos que les achacan, por los que podrían pasar varios años tras las rejas.

Los imputados son: los escribanos Eduardo Martín Torres, Luis María Kurtzemann, Juan Bautista Aliau y José Luis Gordó; el  vendedor de autos Juan Roberto Aymo,  el empresario Marcelo Basilio Jaef, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano –condenado por una causa colateral- y su hija Magalí. También Sandra Moresco, Omar Buscellatto, Ramona Rodríguez, Andrés Martín y Vanina Viglione. Vale recordar que el financista Jorge Oneto y el gerente de La Capital, Pablo Abdala, lograron un acuerdo judicial por la cual resarcieron a los damnificados y el MPA desistió de la acción penal. Igualmente deberán ser testigos y no podrán dar falso testimonio. Éstos eran la esfera más alta de la estafa.

En el comienzo de los alegatos, ya entrada la media mañana, el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja realizó una extensa enumeración de los ocho casos que prueban la modalidad de estafa inmobiliaria de este grupo. “Es una organización ilícita no diferente a las bandas criminales que cuentan con civiles que delinquen y con policías que cumpliendo funciones de responsabilidad pública usan las herramientas del Estado para enriquecerse. Acá son escribanos que en lugar de proteger la seguridad jurídica y la legalidad, favorecieron los intereses de las personas, y el lavado de activos agrava las penas”.

El fiscal mencionó los casos en orden cronológico, y destacó que en la medida que pasa el tiempo, desde la primera estafa a la ultima, el grupo complejiza su accionar y suma más miembros para darse con las propiedades y “reciclarlas” al venderlas a personas de mayor poder adquisitivo.

La primera estafa de la que Narvaja dio cuenta es una vivienda en calle Viamonte de Rosario, el “caso Coman”, ya que la denunciante de ese apellido es sobrina de dos hermanos de apellido González, a quienes asistía y cuidaba, propietarios de ese inmueble. Uno falleció en 2003 y el otro en 2010, tras lo cual eran varios los sobrinos que quedaban a la espera de la sucesión (algo que es sabido lleva sus años de burocracia). En 2013 Colman, que era vecina de sus tíos, se entera que en la vivienda había personas habitando y realizó la denuncia.

“El vendedor de autos de alta gama Juan Roberto Aymo (el líder de este grupo) hizo un poder falso con escritura pública donde supuestamente los hermanos González dieron el poder a Jonatan Zárate, testaferro suyo, y a través de la escribanía de Eduardo Martín Torres, para luego vender la propiedad a Ramona Rodríguez (esposa de Aymo)”, destacó. Y agregó que “en 2016, cuando fueron los allanamientos en esta megacausa, en esa casa habitaba una mujer que le alquilaba a Omar Buscellatto con contrato verbal”. De esta forma fue la más simple y menos ambiciosa (la casa se estima es de 800 mil pesos) de las acciones ilícitas en la megaestafa inmobiliaria que este lunes abrió juicio, donde desfilarán unos 600 testigos y que se estima llevará tres meses de resolución.

El segundo caso que mencionó el fiscal es un inmueble comercial que cuenta con espacio de cartelería pública de publicidad también en el barrio de Fisherton, en calle Córdoba al 7000. La pareja de apellido Giménez se encontró, al hacer un trámite legal, con la noticia de que su propiedad estaba a nombre de Ramona Rodríguez. En los papeles legales propiciados por el escribano Torres se aseguraba que los Giménez le vendieron a Ramona este predio, el cual aún permanece usurpado (al igual que el caso Colman), ya que aún no se dieron las nulidades de las escrituras falsas. Cuando descubrieron la usurpación, los miembros de esta banda buscaron persuadirlos de denunciar ofreciéndoles dinero por el silencio.

El tercer caso es la extracción de un campo de cuatro hectáreas en Villa Amelia, que en origen era propiedad de Ana Luppi, viuda de un camarista rosarino (quien luego relató una estafa mayor en el terreno lindero). Se trata de un sector pequeño de propiedad de esta familia que fue regalado a un peón llamado Celestino Otaduy, quien falleció años atrás. Allí residía en una vivienda simple otro campesino quien resultó echado de un día para el otro por un grupo de personas en un vehículo de alta gama. El hombre, de apellido Achaga, también confirmó que luego de ser echado del predio vio cómo cercaban con alambrado su propiedad, así como también al resto de la propiedad de la familia Luppi. El escribano Torres propició el papeleo en el que aseveraba que se vendió el campo a un anciano llamado Tránsito Ramón Portillo (el tío de Vanina Biglione, una de los 13 imputados en el banquillo). Sobre Portillo, una declaración de demencia senil lo excluyó de las imputaciones.

El cuarto caso involucra una propiedad de la esquina de Presidente Roca y Wheelwright, dos lotes de terrenos en una de las esquinas frente al río más cotizadas, propiedad de la familia Marelli. El escribano Torres realizó un poder falso donde supuestamente firmaron cinco miembros de esta familia, apoderando a Aymo. En este ecosistema apareció el empresario Jaef, quien junto al gerente del diario La Capital Pablo Abdala se asesoraron con un arquitecto para saber las opciones de emprendimiento inmobiliario.

Esa propiedad no pudo ser comprada gracias a que el estudio del escribano Buffetti elevó una denuncia al Colegio de Escribanos cuando Jaef buscó hacer el trámite de compra. Esto fue gracias a la casualidad de que uno de sus empleados es la pareja de una hija de la familia Marelli. Según la hipótesis de la fiscalía, De Gaetano fue quien contactó el negocio de la banda de Aymo con el empresario Jaef.

Luego fue el caso del predio mayoritario en Villa Amelia, que como se relató anteriormente, es propiedad de la familia Luppi, y se trata nada menos que de 124 hectáreas, donde fue criada Ana Luppi. La familia alquilaba el predio a un campesino que, al no verlo redituable no renovó el alquiler. El predio estaba sin uso un tiempo, y fue usurpado junto al campo de Achaga.

Aymo se hizo de ese predio enorme de la mano de un nuevo escribano, Juan Alliau. El gremialista González de Gaetano fue quien compró el mega predio con “operaciones de reciclado con lavado de activos”, precisó el fiscal Narvaja.

Fue pocos días después de la operación frustrada en la casa de Presidente Roca (de los Marelli) que Jaef avanzó con su interés en el campo de los Luppi, con la escribanía de Alliau que puenteó y tergiversó las documentaciones que el estudio del escribano Buffetti justamente no permitió y notificó. De Gaetano vendió a Jaef y Abdala estas hectáreas, y ellos luego buscaron realizar un loteo que se frustró. Entonces le vendieron el predio a José Luis Onetto. El objetivo era nada menos que crear un parque industrial. A eso se sumó Leandro Pérez, quien debía mucho dinero a Onetto por comprarle un piso entero en la torre Aqualina (valuado en 800 mil dólares).

De esta forma el campo de la familia Luppi fue objeto de un gran fraude para saldar una serie de deudas, y el boleto de compraventa fue hallado en la computadora del escribano Luis Kurtzemann, quien “estructuró un complejo juego de permutas”, ya que Jaef debía 200 mil dólares a Abdala, y De Gaetano debía a Jaef por comprarle autos de alta gama.

El sexto caso es el de cuatro campos de María Cristina Lacava en Arroyo Seco y General Lagos. Su madre se fue a vivir a Italia, y ella la siguió en 2013. Los cuatro terrenos y una casa en Rosario en calle Laprida fueron apropiados por este grupo. “Ya funcionando aceitada la sociedad Aymo-De Gaetano-Alliau, se sumó el escribano Jose Luis Gordó. Torres le hizo tres poderes a Aymo para despojar los lotes por casi 30 hectáreas de Arroyo Seco, y le hizo las escrituras de compraventa a su hijo Nicolás Aymo (quien en su abreviado reconoció el hecho). Este último le vendió todo el predio a un testaferro de Vanina Biglione, así como también le vendió a otras imputadas. Entre ellas, Sandra Moresco, quien en audiencias anteriores declaró no saber nada de esa operación, y aseguró desconocer a Aymo hijo.

Luego Narvaja avanzó en torno al que dieron en llamar Fideicomiso La Esperanza, donde Nicolás Aymo y Magalí De Gaetano fueron parte como fiduciarios,  y el hermano de ella, como inversor, junto a testaferros de Biglione y de Sandra Moresco. 

El séptimo caso lleva el nombre de Dawnes por dos hermanos que se fueron a vivir al extranjero hace mucho: eran dueños de una casa doble en Pasco 1038/1040. En esa vivienda residen desde hace años y hasta hoy en día el imputado Aymo y su pareja Ramona Rodríguez.

El último caso, por el cual el juicio debió posponerse el año pasado, es el de Bona, un hombre que murió soltero y sin hijos. A su nombre se fraguaron una vivienda en calle Urquiza, otra en San Luis y Oroño y otra en Ovidio Lagos. Cuando el hombre era mayor y tuvo dificultades de salud le hicieron firmar un poder a nombre de Aymo, y éste luego vendió la propiedad a Moresco, en que Aliau hizo la escritura.

Las penas

El Fiscal Dr. Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos solicitó las siguientes penas:

*para Eduardo T. se solicita la pena de 20 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 (doce) años de inhabilitación especial para ejercer el notariado.

*para  Juan Roberto A.  se solicita la pena única de 20 años de prisión efectiva por multa de $344.081.151,73 pesos.

*para Ramona R. se solicita la pena única de 5 años de prisión, multa igual a 3 veces el monto de la operación, consistente en la suma de 49.069,6053 (cuarenta y nueve mil sesenta y nueve, con 6053/10000 unidades Jus accesorias legales y costas del juicio

* para Juan A. se solicita la pena única de 9 (nueve) años de prisión, y multa de $344.081.151,73 y 12 (doce) años de inhabilitación especial para ejercer el notariado.

* para Marcelo J. se solicita la pena única de 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00 equivalente a cuatro veces el valor real de la operación de lavado de activos en la que intervino.

* para Maximiliano G.G  se solicita la pena única de 20 años de prisión, multa de $353.836.160,78.

* para José G.  se solicita la pena única de 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 pesos y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado

* para Luis K. se solicita la pena única de 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 pesos (cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil pesos) con el equivalente a tres veces el valor real de la operación de lavado de activos en la que intervino inhabilitación especial para ejercer el notariado por 10 años.

* para Vanina V. se solicita la pena única de 5 años y 6  meses de prisión, multa de $4.745.371,53.

* para Alejandro M. se solicita la pena única de 2 años de prisión, accesorias legales y costas.

* para Sandra M. se solicita la pena única de 5 años de prisión, y multa de $40.526.404,18.

* para Magali G.G se solicita la pena única de  3 años y 6 meses de prisión, multa de $6.636.993.

* para Omar B. se solicita la pena única de 4 años de prisión efectiva y multa por dos veces el valor de la operación.