Luego de varios meses de discusiones en 15 foros universitarios, policiales, internacionales y de la sociedad civil, este viernes por la mañana el gobierno provincial ingresó a la Legislatura un total de tres proyectos de ley en vistas de su tan mentado intento de reforma integral del sistema de Seguridad y del sistema policial de la provincia, comandado por su ministro Marcelo Saín.

El objetivo, según describieron en un parte oficial a la prensa es “modernizar todos los aspectos de una institución policial que se rige por una normativa antigua y desactualizada, en un régimen que apuntala la profesionalización del personal, en una fuerza disfuncional que supo tener un elevado nivel de connivencia con el crimen”.

En esta primera etapa los proyectos buscan establecer cuatro servicios policiales especializados e independientes: la Policía de Seguridad, la Agencia de Control Policial, la Tropa de Operaciones Especiales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La propuesta se asienta en criterios que calificaron como “modernos” de organización policial, “con una línea de mando político diferenciada, con un régimen profesional y una modalidad de organización asentados en la especialización orgánica funcional”.

En su comunicado a la prensa, el Ministerio de Seguridad recordó que “en Santa Fe, la policía está regida por una base normativa que nunca se alteró desde 1975 y requiere una actualización de la ley orgánica. Por ello, el Proyecto de ley de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e institucionales del sistema de seguridad con toda la estructura gubernamental, la conducción política del sistema policial, sus principales funciones, sus autoridades, los lineamientos en materia de gestión del conocimiento en seguridad, el abordaje del bienestar policial y políticas de género”.

Como principales ejes se plantea la gestión del conocimiento en seguridad, las políticas para prevenir la violencia con armas de fuego, un nuevo esquema de formación y capacitación, la coordinación entre provincia y municipios, la delimitación de los servicios de seguridad privada y el control legislativo en seguridad pública.

La propuesta contiene diez (10) objetivos y se organizó en diferentes apartados, donde cada uno de ellos contiene un eje de reforma, ya sea una propuesta de política pública o de rediseño institucional:

1.            Fortalecer las capacidades de gobierno en materia de seguridad y de conducción política del sistema policial provincial;

2.            Disponer de información para la toma de decisiones y la elaboración de políticas de seguridad basadas en la evidencia;

3.            Prevenir y reducir la violencia con armas de fuego;

4.            Diferenciar los servicios policiales para especializar y profesionalizar el sistema policial provincial;

5.            Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de género en el sistema policial provincial;

6.            Mejorar la formación y capacitación en materia de seguridad y policía, ajustando el sistema educativo al nuevo modelo de policía;

7.            Promover la coordinación y colaboración interjurisdiccional y multiagencial en materia de seguridad, en particular entre el Ministerio de Seguridad y los Municipios;

8.            Regular los servicios de seguridad privada y complementarlos con las políticas de seguridad pública;

9.            Fortalecer el control legislativo sobre el sistema de seguridad pública;

10.          Generar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de seguridad.