La fiscal penal santafesina Alejandra Del Río Ayala pidió una pena de 40 años de prisión para un pastor evangélico que abusó sexualmente de siete niñas y adolescentes en la capital provincial, y que fue detenido en 2019 en Misiones, adonde había escapado luego de saber que había denuncias en su contra.

El religioso hoy tiene 69 años y se llama Antonio A., más conocido como Hermano Tito en la congregación Pueblo de Dios, sobre la avenida Gorriti en Santa Fe. La acusación indica que abusaba de su posición de autoridad, "amenazaba a las víctimas y les decía que si no permitían los abusos quedarían encerradas, deberían hacer ayuno y dormir arrodilladas", entre otras calamidades.

Las víctimas, hasta donde se ha podido comprobar, son siete jóvenes que hasta 2017 estaban entre la niñez y la adolescencia.

La fiscal acusó al Hermano Tito de "abusar de las víctimas en un contexto religioso". En tal sentido, mencionó que “para llevar adelante su accionar delictivo, el hombre aprovechó su posición de poder como máxima autoridad de la sede de la congregación a la que pertenecían él y las personas abusadas”.

El pastor permaneció en Santa Fe hasta 2017, cuando se enteró que los padres de una de sus víctimas lo denunciaron ante la Justicia. Al enterarse que lo investigaban, abandonó el cargo y huyó a Misiones. La Policía lo apresó el 27 de octubre de 2019, cuando acudió a votar en Puerto Iguazú.

Del Río Ayala señaló que “los hechos ilícitos sucedieron entre 2012 y 2017”, y aclaró que “algunas de las víctimas comenzaron a ser abusadas cuando cursaban la escuela primaria, una mientras estaba en el jardín de infantes y las demás, durante su adolescencia”.

“En reiteradas oportunidades, el hombre vulneró la integridad sexual de las víctimas en un inmueble del norte de la ciudad en el que desarrolla sus actividades la iglesia evangélica”, aseguró la funcionaria del MPA. “En otras ocasiones, el acusado perpetró los delitos a bordo de un automóvil en el que trasladaba a las niñas y adolescentes”, añadió.

La fiscal planteó que “el hombre investigado amenazaba a las víctimas. Les decía que si no permitían los abusos o si hablaban con alguien sobre sus padecimientos, serían ‘suspendidas’, lo que implicaba que no podrían participar en actividades religiosas vinculadas al canto, a la danza, entre otras”.

Del Río Ayala también explicó que “las intimidaba diciéndoles que iba a encerrarlas en un pabellón donde tendrían que hacer ayuno y dormir arrodilladas”.

Por otro lado, afirmó que “en todo momento, el acusado comprendió el grave daño que su conducta ocasionaba en la salud física y psicológica de las personas agredidas”. Al respecto, destacó que “el accionar delictivo no sólo tuvo consecuencias negativas para las víctimas, sino también para sus familiares y otros integrantes de la comunidad religiosa”.

Los cargos son abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante; y abuso sexual simple”, todos agravados por ser ministro de culto.