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La relación entre los fiscales de Homicidios Dolosos y las fuerzas de seguridad fue cuestionada en reiteradas ocasiones por abogados y allegados a víctimas de gatillo fácil y violencia institucional. Días atrás, la familia de María de los Ángeles Paris, la docente muerta en condiciones aún no esclarecidas en la comisaría 10ª hace cuatro meses, denunció que existen "irregularidades e inacciones inmensas" en la investigación de la causa.

Por su parte, el entorno cercano a Jonatan Herrera, Franco Casco, Gerardo Escobar, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio y Jonatan Ojeda, entre otros jóvenes asesinados en los últimos años con la policía involucrada; también ha criticado la falta de respuesta por parte de los funcionarios judiciales a la hora de investigar a la fuerza de seguridad pública.

Ante los recurrentes reclamos, y un pedido formal por parte de los abogados que representan a los familiares de las víctimas, se emitió una resolución de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público a través del cual se recomienda que todas las causas en las que se investigue a las fuerzas de seguridad recaigan en la fiscalía de Violencia Institucional desde un principio.

En diciembre de 2016, el equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y Juventud se reunió con el por entonces fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio de Olazábal, para solicitar una auditoría de las causas en las que se investigaba la muerte de Carlos Godoy y Alejandro Ponce, y el apartamiento del fiscal Miguel Moreno por "un claro posicionamiento en favor de los autores de los homicidios, miembros de la policía santafesina".

A seis meses del pedido, los letrados señalaron a través de un comunicado que fueron notificados sobre la resolución de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público donde no se admite el desplazamiento del fiscal en la causas mencionadas pero se recomienda que "todas las causas en las que se investigue a las fuerzas de seguridad recaigan en la fiscalía de Violencia Institucional desde un principio, así como la aplicación de los protocolos de Minnesota y Estambul, es decir, que sean investigados desde la perspectiva de graves violaciones a los derechos humanos, como debe ser".

En mayo de este año, el fiscal regional Patricio Serjal, que asumió en lugar de Jorge Baclini, ordenó reactivar las investigaciones por las muertes de los jóvenes Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce, en ambos casos en episodios de presunto gatillo fácil por miembros de fuerzas de seguridad.

Luego de reunirse con familiares y abogados de ambas causas, que habían sido archivadas por el fiscal Miguel Moreno, Serjal se comprometió a reabrir las causas que investigan las muertes de ambos jóvenes.