La Justicia desactivó la barrera del Senado y habilitó la investigación penal sobre el senador Armando Traferri en la causa de juego clandestino que involucró a varios fiscales en la provincia. Lo hizo el juez José Luis Mascali al declarar inconstitucional un párrafo del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, que impide llamar a declaración indagatoria a legisladores en funciones. Esto habilita a los fiscales David Edery y Luis Schiappa Pietra a exigir allanamientos a propiedades y oficinas del legislador sanlorencino, y a citarlo a indagatoria aunque sin posibilidad de detenerlo.

Los fiscales habían apelado en marzo último la decisión de la jueza Eleonora Verón de rechazar el pedido de audiencia imputativa para que ellos formalizaran acusación penal contra Traferri por el delito de asociación ilícita en una organización que tiene al capitalista de juego Leonardo Peiti como cabeza, y donde comulgaban oficiales de Policía y fiscales como el ex titular del MPA en Rosario, Patricio Serjal, y el ex fiscal Guillermo Ponce Asahad, entre otros.

El dictamen de Mascali confronta con el criterio de la jueza Verón, que se apoyó en el artículo 51° de la carta magna provincial, que impide investigar a un legislador, y mucho menos interrogarlo. "No se puede allanar o intervenir telefónicamente, no se puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, no se puede analizar el patrimonio por redes cerradas corno el API o AFIP. Las declaraciones públicas de los miembros de la legislatura no son públicas porque se han bloqueado. No se puede hacer nada salvo lo que hasta aquí se hizo que fue encontrar evidencia en investigaciones periféricas", observó el juez.

A lo largo de una extensa argumentación, Mascali socavó el fallo de su colega al convalidar la negativa de Traferri y del Senado, y declaró la inconstitucionalidad de la norma que sostenía su inmunidad.

Mascali habilitó entonces a los fiscales Edery y Schiappa Pietra a citar a Traferri para "prestar declaración imputativa, pueden formularle requerimiento de acusación –si se dan los requisitos– y pueden requerir la apertura del juicio; debiendo abstenerse de disponer su detención o fuerza pública, el allanamiento de su morada u oficina y la interceptación de correspondencia en sentido amplio".

Hace la salvedad de que si ellos deciden avanzar con la detención del legislador, deberán "requerir un nuevo desafuero a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe".