Arrancó el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, y los legisladores fueron testigos de un fuerte cruce por la objeción de conciencia de los médicos que se pueden enfrentar a la práctica.

La médica ginecóloga María de los Ángeles Carmona, quien además es representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de Buenos Aires, afirmó que “la objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable”. Incluso, fue más allá y pidió que “la lista de objetores de conciencia no debe ser pública porque generaría discriminación del médico en varios aspectos”.

El jefe de la bancada justicialista, Miguel Ángel Pichetto se distanció de lo expuesto por la profesional y consideró que “la ley se queda corta” sobre este tema. “En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, consideró el legislador.

Para Pichetto hay una “dramatización de esta cuestión” y reconoció que los médicos actualmente “muchas veces con este argumento dejan en indefensión a chicas víctimas de violación”.

Pero la cuestión no quedó allí y otro opositor al proyecto de despenalización, José Mayans, sentenció: “Acá somos más benignos con delincuentes y criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente... ¿la solución cuál es? Se le mata. Yo sostengo que el Estado no puede obligar a matar a nadie”.